El PP y C's avalan el recurso judicial contra la anulación del millonario contrato de iluminación

Camión de Aceinsa, concesionaria de la iluminación y otros servicios.

El TSJCyL ha anulado el contrato de iluminación, doce millones de euros adjudicados en su día de manera polémica.

El PP ha sacado adelante, con ayuda de Ciudadanos, la decisión unilateral del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, de presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha anulado el contrato de la iluminación municipal por las bajas temerarias con las que se lo adjudicó la empresa y que no justificó. Este contrato tuvo polémica en su día porque se adjudicó con una baja del 22%; en su día la empresa adjudicataria, Aceinsa, dijo que ofrecía precios así de bajos porque quería entrar en el contrato, pero desde el primer momento los técnicos municipales advirtieron que así entraría en pérdidas, algo que no es legal. El Tribunal Superior de Justicia dictó que a principios de diciembre que no era válido.

 

Ahora el equipo de Gobierno se apresta a recurrir. El alcalde ya firmó el decreto para hacerlo, ya que tiene la competencia, y se ha refrendado en el pleno del consistorio con los votos a favor de PP y C's y las duras críticas del PSOE. El concejal Arturo Ferreras ha confirmado que el grupo socialista se niega a asumir este recurso "y ustedes tiene responsabilidades políticas por esta chapuza de contrato de 12 millones de euros" y "tienen que responder con ellos".

 

En respuesta, el concejal García Carbayo ha aludido a sentencias anteriores en apelación que favorecieron al Ayuntamiento, aunque el caso es que el TSJCyL ha fallado en contra del consistorio y le obliga a adjudicar el contrato a la segunda empresa, la que no se lo llevó. Por su parte, el concejal de Ciudadanos Fernando Castaño ha asegurado que "el contrato se ha cumplido de forma satisfactoria" lo que desmonta el argumento de que se hubiera adjudicado con una baja temeraria que hubiera puesto en peligro un servicio que se ha dado, ya que el contrato ha concluido su duración.

 

El contrato se firmó por cuatro años y dos de prórroga por un montante total de 12 millones de euros. En el proceso, un informe técnico aseguraba que, con esas importantes bajas económicas, el servicio daría pérdidas de manera irremediable. Inicialmente, la mesa de contratación adjudicó el contrato a Etralux, la exempresa del número uno de Aceinsa y anterior concesionaria de este contrato, pero el concejal García Carbayo logró un informe técnico que aseguraba que el Ayuntamiento había contratado con bajas por encima del 10% habitualmente, y lo usó para adjudicar en la junta de Gobierno, entonces controlada por el PP en exclusiva, en contra de lo que había determinado la mesa. El escándalo fue mayúsculo.

 

Aunque Etralux recurrió y logró que se repitiera el proceso, no insistió y finalmente Aceinsa se adjudicó el contrato en julio de 2012. Tras el recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León da la razón a esa empresa, que arguyó baja temeraria, "deja sin efecto" el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Salamanca de 20 de julio de 2012 y declara que ese contrato "debe ser adjudicado a la empresa recurrente", es decir, a Etralux.