El PP se aferra a una moratoria insuficiente e ineficaz: no evitaría la ejecución de sentencia

El alcalde ha defendido desde el primer día la alternativa de una ordenación provisional, pero la medida puede no funcionar: nadie, ni los técnicos municipales, aseguran que pueda evitar denuncias y está por ver el plazo que daría la Junta.

La aprobación de la moratoria con la que el equipo de Gobierno de Fernández Mañueco pretende, como él mismo dijo, agarrarse a un salvavidas en medio del océano puede no ser suficiente para evitar lo que todas las partes implicadas se temen: que se ejecute la sentencia con las desastrosas consecuencias que tendría para El Corte Inglés. Y no hablamos de un derribo, sino de un simple precinto que obligaría a cerrar sus puertas. Pero es que, además, puede que no sirva siquiera para salvar la papeleta porque el Ayuntamiento cuenta con una autorización de la Junta que podría no ser suficiente. Así que los términos en que se produzca pueden dejar en una situación todavía más delicada al consistorio.

 

Tras darse a conocer el informe del secretario general con las 'soluciones' para salvar la anulación de todas las licencias con las que se construyó el centro comercial de María Auxiliadora, el equipo de Gobierno se aferró de inmediato a la necesidad de solicitar a la Junta de Castilla y León una de las medidas planteadas: una ordenación urbanística transitoria. Según el grupo popular, esto daría dos años de plazo al Ayuntamiento para resolver la ilegalidad urbanística cometida y pondría a los grandes almacenes (y a la plaza de la Concordia, el centro cívico, el campo de fútbol) a salvo de una posible ejecución de sentencia. De hecho, si la oposición hubiera accedido el equipo de Gobierno ya habría hecho la solicitud: el alcalde tenía preparada la carta a la consejería correspondiente. Pero se negaron a firmar de inmediato y sin estudiarlo.

 

Sin embargo, ninguna de las dos cuestiones, el plazo y la seguridad jurídica, se pueden dar por descontadas. De esto último, la primera duda nace precisamente del informe de los técnicos municipales. Según el documento, el secretario general mantiene que la solicitud de esta moratoria no ofrece garantía alguna y que se puede plantear como un seguro para frenar una posible ejecució de sentencia, pero que puede que no sea eficaz.

 

Esto es algo que se refuerza entre los grupos de la oposición, que han estudiado la viabilidad de esta medida y tienen sus dudas: así lo expresa, sin ir más lejos, Ciudadanos que según su análisis propio cree que la medida no sirve para nada. O Ganemos, que considera que es sólo una pérdida de tiempo y que no se puede recurrir a ella.

 

 

SÓLO SI NOY HAY PGOU

 

Y tampoco es seguro que el ordenamiento transitorio pueda funcionar. En primer lugar, esta es una medida que se ha tomado en una sola ocasión. Fue cuando, a finales de 2009, la justicia anuló el PGOU elaborado en Zamora y aprobado en 2007. En aquel momento, la ciudad vecina se quedaba sin ordenamiento urbanístico porque se anulaba todo el plan, no sólo una parte como en Salamanca.

 

La capital del Duero tuvo que pedir la ordenación transitoria que ahora pretende Salamanca, en su caso, para conseguir que no tuviera que entrar en vigor el PGOU anterior, de 1986. Sin embargo, la consejería de Fomento dio solamente 7 meses de plazo para arreglar la situación, muy lejos de los dos años que ha anunciado el Ayuntamiento de Salamanca. El equipo de Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre las conversaciones previas que haya podido mantener con la Junta.