El polémico contrato de las guarderías, ¿camino de quedar desierto?

Sede de la escuela infantil del Ayuntamiento en El Rollo.

El plazo de presentación de ofertas finaliza este lunes y no hay noticia de empresas que se hayan interesado a pesar de su cuantía: 4,8 millones de euros. El PP apuesta por retirar la licitación y anular los pliegos para elaborar otros nuevos, enterrando muchas sospechas.

El controvertido contrato de gestión de las escuelas infantiles municipales afronta este lunes un día clave. Hoy finaliza el plazo para la presentación de ofertas y, hasta el jueves, y según el equipo de Gobierno, no se había presentado ni una sola empresa que quisiera hacerse cargo del servicio. Mientras se confirma si el cuantioso contrato, valorado en 4,8 millones de euros, tiene o no pretendientes, ya se valoran otras alternativas con diferentes lecturas técnicas y políticas.

 

El contrato está marcado por ser el elemento central de la presunta implicación del alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, en la 'operación Lezo'. Como se recordará, la UCO revela que en una grabación hecha al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se hablaba del alcalde de Salamanca y del contrato de las guarderías municipales. En la conversación de González con su hermano, Pablo González, el expresidente madrileño, en la cárcel por el 'saqueo' de sociedades públicas dentro de la 'operación Lezo', aseguraba que su socia en el negocio de las guarderías, la empresaria salmantina Carmen Pazos, imputada en el caso, le había confirmado que el alcalde le había prometido la concesión de las guarderías.

 

La conversación revela un alto conocimiento por parte de González de los pormenores de la licitación del contrato de las escuelas infantiles de Salamanca. El expresidente estaba muy al tanto cuando se hizo la grabación, en noviembre de 2016, justo cuando se estaban elaborando los pliegos técnicos de este contrato. Eso ha generado la sospecha sobre si se redactaron para favorecer a alguna empresa. Los pliegos se aprobaron a finales del mes de abril con todo el trabajo hecho antes de que, el día 19 de abril, Ignacio González fuera detenido.

 

Entre los puntos sospechosos, la garantía económica que se pide: se exige demostrar cifra de negocio de 1,2 millones de euros en los tres últimos años, lo que deja el contrato sólo para empresas metidas en el negocio a gran escala... como el grupo Mis Pollitos, propiedad de Carmen Pazos, socia de los González en otra sociedad dedicada a las guarderías, Chickies, de la que se ha salido la salmantina tras las detenciones e imputaciones.

 

Ahora el contrato podría quedar desierto si no se presenta ninguna empresa. Este es el escenario que más le conviene al equipo de Gobierno, que ha puesto el foco sobre el proceso de contratación y no sobre la presunta oferta del alcalde a la empresaria Carmen Pazos, que es donde radican las dudas. Si no hay ofertas, no hay adjudicación y se 'entierra' el asunto, defiende el PP, que pone como excusas que no ha habido adjudicación a ninguna de las empresas: difícilmente la puede haber si no hay ofertas o si sus dueños siguen en la cárcel o investigados, situación en la que no se van a presentar a un concurso.

 

Habría entonces dos alternativas: volver a licitarlo con o sin cambios en los pliegos, abriendo un nuevo plazo de ofertas; o suspender la licitación. En este último caso, y según el equipo de Gobierno, la alternativa sería renovar el contrato con la actual concesionaria, Eulen, ya que es obligatorio dar el nuevo servicio a partir de septiembre. El PP también tiene claro, como ha deslizado Fernando Rodríguez la semana pasada, que en cuanto se declare desierta la licitación se cambiarán los pliegos: se anularán los actuales sobre los que hay algunas sospechas. Por tanto, es imposible que se abra un nuevo plazo de ofertas: el equipo de Gobierno prefiere 'romper' los pliegos actuales.