El papel fantasma de los ahorradores

Mayoría de representación en la asamblea.
A.R.L.

Caja Duero y Caja España celebrarán el 5 de junio asambleas generales de manera simultánea para aprobar la fusión financiera, que goza del beneplácito de los consejos de administración –lastrada por la ausencia de unanimidad–, y a la que los políticos, promotores de una revolución en el sector plagada de controversia, cuelgan el cartel, meritorio o no, de ‘pionera’ cuando el presidente del Gobierno acelera el paso de un tercio de entidades de crédito del país que aún no han mostrado las cartas, porque la campana sonará el 30 de junio.

Al reguero de críticas que ha dejado el proceso desde que comenzara hace casi un año (el 20 de mayo de 2009 las principales entidades de ahorro de la región decidieron partir “de cero”, tras explorar sin éxito, por el portazo del resto de cajas, otras alternativas en la Comunidad) por el monopolio del timón por parte de los partidos políticos, han seguido las réplicas lanzadas a la sociedad con mensajes velados sobre la necesidad de reestructurar el sector financiero en la región como justificación y para pertrecharse tras un parapeto económico tan solvente como eficaz, y todo al calor del término acuñado –con licencia de consigna– por el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera: “fortalecer el músculo financiero”.
¿Y los impositores o ahorradores de las cajas? Críticos y optimistas han reconocido el papel que representan, pero ha quedado relegado a un segundo plano por la confección del organigrama de dirección de la futura entidad y ante la esforzada negociación del marco laboral para los empleados.

Los estatutos de Caja Duero conceden la supremacía a este colectivo en la asamblea general, aunque los representantes evidencien influencias externas por sus dedicaciones, orientadas al mundo empresarial en sus diferentes variantes, desde el sector agroalimentario hasta el ladrillo, o por su vinculación política por su manifiesta condición de concejales.

El acuerdo, bendecido por el PP y el PSOE, tendrá que salvar el último referéndum sin la aprobación del sindicato mayoritario, las dudas de los impositores y sin aplacar las críticas.