El negocio del Ayuntamiento con el edificio de la remolachera deja en la calle a empresas y trabajadores

El edificio conocido como 'Casa del campo' que ha va a adquirir el Ayuntamiento de Salamanca.

La cooperativa propietaria exige a las empresas que tienen allí sus oficinas marcharse antes del 1 de diciembre para poder cerrar la venta al consistorio por 800.000 euros.

La operación del Ayuntamiento de Salamanca para comprar un edificio de oficinas propiedad de Remolachera Salmantina tiene a día de hoy 'paganos' perjudicados. Se trata de las empresas y trabajadores que tiene su sede en este edificio de la avenida de Lasalle y que van a tener que abandonarlo de manera precipitada por imposición de la propiedad.

 

TRIBUNA adelantó el pasado 20 de septiembre que el Ayuntamiento de Salamanca adquirirá un edificio de oficinas y nave industrial de la avenida de Lasalle por el que se pagarán más de 800.000 euros de las arcas municipales. El edificio en cuestión es la denominada 'Casa del Campo', una construcción con más de 700 metros de oficinas y otros 600 de uso industrial sobre una parcela de 3.500 metros cuadrados en el número 135 de la avenida de Lasalle, y hace tiempo que estaba en venta.

 

El edificio, propiedad de la cooperativa Remolachera Salmantina, tiene actualmente inquilinos, pero  no será por mucho tiempo. De hecho, la propiedad ha comunicado por carta a sus alquilados que el día 1 de diciembre tienen que estar fuera, según un afectado que se ha puesto en contacto con este medio. El edificio acoge a Asaja, oficinas de la cooperativa remolachera, una empresa de limpieza y una oficina de ingeniería. En total, unos 25 trabajadores. "Nos hacen polvo, en tres meses no da tiempo a trasladarse", dice uno de los afectados.

 

Los inquilinos tenían una cláusula resolutoria para sus contratos de alquiler por la que tienen tres meses de plazo para desalojar a partir de la venta. Y, en todo caso, el plazo debe contar en el momento de la venta, que según las fuentes consultadas está pactada (incluso hay fondos municipales ya dispuestos) pero no cerrada. A pesar de ello, la cooperativa, todavía propietaria, les exige salir antes.

 

El problema para los afectados es que tienen que buscar una nueva sede en poco tiempo, con el daño que eso puede causar a una actividad: contacto con clientes, comunicaciones oficiales que se extravíen, teléfonos, papelería... Tienen también poco tiempo para encontrar instalaciones adecuadas a sus necesidades y plantilla. Además, desde el Ayuntamiento tampoco se han pactado medidas de acompañamiento con las pequeñas empresas afectadas, algo que habla negativamente de la sensibilidad hacia las pymes y los emprendedores.