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El megacontrato de parques y jardines ya tiene dueño: 37 millones de euros y una nueva empresa

Después de más de dos años en proceso, un concurso con diez empresas y una primera adjudicación recurrida, el cuidado de parques y jardines cambia de empresa.

El contrato de mantenimiento de parques y jardines, uno de los mayores del Ayuntamiento de Salamanca, cambia de manos. Después de varios años de tramitación y de recursos cruzados, finalmente se ha adjudicado a la empresa que quedó segunda en el concurso y que será la que preste un servicio valorado en 37 millones de euros (4,6 al año) por los próximos cuatro años más dos de prórroga legal si se produce.

 

El proceso para licitar el contrato para mantener los parques, jardines y zonas verdes de la ciudad arrancó nada menos que en febrero de 2018 con un presupuesto cercano a esos 37 millones de euros y más de dos años después ha quedado resuelto. El concurso llegó precedido por la decisión de no poner en marcha la prórroga legal que se podía hacer, justo al contrario de lo que es habitual en contratos municipales que agotan todo su plazo. El motivo, quejas por el servicio que se prestaba (incluso desde el equipo de Gobierno) y críticas de los grupos municipales por el mal estado en que se encontraban muchas de las zonas verdes de la capital. Al final, hubo que recurrir a prórrogas y prolongaciones entre el retraso de los pliegos y ofertas y se adjudicó en febrero de 2019.

 

Sin embargo, una de las diez empresas participantes decidió recurrir el resultado tras un concurso que fue muy reñido, pero en el que resultó adjudicataria la empresa que había prestado el servicio durante los últimos años, Eulen. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) anulaba la adjudicación y concedía el contrato a Talher, y en mayo de 2019 el Ayuntamiento de Salamanca decidía recurrir esa decisión.

 

La empresa recurrente alegó que no estaban claros los criterios por los que se puntuaba ceder parte del contrato a una entidad social, a pesar de que el pliego lo recogía; el pleno municipal ha aprobado durante los últimos años cláusulas de este tipo para que las empresas de inserción social puedan prestar parte de los contratos municipales. El Tarcyl le dio la razón a la recurrente, recalculó la puntuación sin tener en cuenta ese aspecto y el resultado es que determinaba anular la adjudicación a la ganadora, Eulen, para darle el contrato a la recurrente, que había quedado segunda. Y a pesar del recurso municipal, la cuestión se ha quedado así.