El juicio de los despidos de IFESA saca a relucir la directa responsabilidad de la Diputación en su final

Carlos García Sierra, Javier Iglesias y su asistencia jurídica, a su llegada a los juzgados este viernes. Foto: Cinthya Duarte

El juicio por el despido, con muchos salarios impagados y sin indemnización, de varios trabajadores obliga a declarar a Javier Iglesias y pone sobre la mesa la responsabilidad de la Diputación en la desaparición de IFESA: fue quien decidió que dejara de organizar la agropecuaria.

El juicio por el despido de los trabajadores de IFESA ha reunido en el juzgado de lo social a responsables de la institución ferial, encabezados por el que es todavía su presidente, Javier Iglesias, máximo dirigente también de la Diputación, la institución que dio el primer paso para dejar a la sociedad que organizaba la feria agropecuaria sin su principal función. Precisamente esa cuestión, la responsabilidad de la Diputación y su presidente en la situación creada en IFESA, ha salido a relucir en el juicio.

 

En la sesión, que se ha prolongado durante casi cuatro horas, se ha puesto de manifiesto el papel decisivo de la Diputación para arrebatar a IFESA su principal función, la de organizar la feria de septiembre. Esta decisión se tomó un 19 de octubre de 2013 cuando la Diputación llevó a los órganos de dirección de IFESA la propuesta de que la institución dejara de organizar la tradicional feria agropecuaria. Algo a lo que otros socios como Cámara y Confaes se negaron, pero que finalmente se aprobó con los votos a favor de Ayuntamiento, CEISS y Diputación y la abstención de Cámara Agraria (cuyo responsable, Aurelio Pérez, también estaba en el juicio), que fue decisiva. Las consecuencias son las actuales.

 

Ese fue el principio del fin de IFESA y el origen de todos los problemas sobrevenidos. Sus trabajadores, con una amplia experiencia y muchas ediciones a sus espaldas, quedaron apartados primero de la nueva feria, y después estuvieron meses sin percibir sus salarios; al arrebatar la Diputación a IFESA la organización de la feria, dejó a la sociedad sin función y sin ingresos por su actividad originaria, lo que forzó su actual situación, en vías de disolución. Al final, fueron despedidos sin indemnización, con muchos salarios adeudados y, en principio, sin paro. Que se les pague lo que se les debe es lo que reclaman en el juicio.

 

La responsabilidad de la Diputación parece clara, más allá incluso de lo que le corresponde por la participación en la sociedad. De no haber impuesto su decisión de que no siguiera organizando la feria no se hubiera producido el daño a la institución ferial que la ha llevado a la disolución; una decisión que se tomó, además, con socios en contra, lo que despierta las dudas sobre la responsabilidad que deben asumir quiénes no aprobaron la decisión y advirtieron de las consecuencias que, meses después, tuvo para la sociedad.