El IVA que no vuelve

DIEGO JALÓN

El Gobierno le debe a la Junta de Castilla y León 142 millones de euros. Y así se lo ha recordado su vicepresidente, Francisco Igea, que el otro día, en la rueda de prensa a la salida del Consejo de Gobierno, acusó a los de Sánchez de “apropiación indebida” al tiempo que expresaba su “indignación máxima” ante esta “intolerable desfachatez”, de la que preguntó si el PSOE se iba a hacer cómplice.

 

Indignación máxima, lo que nos permite saber cuál es el techo de la indignación de Igea, calificativos subidos de tono pero sin llegar a los insultos, que en estos días están tan de moda, acusaciones de abuelita enfadada, pero poco más. Ante esta “apropiación indebida”, que es un delito leve que no le garantiza a Igea ninguna querella por calumnias, en ese estado de máxima indignación, Igea, como en el estrambote del soneto “Al túmulo del rey Felipe II en Sevilla” de Cervantes, “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.

 

En eso quedó la cosa, con el añadido de amenazas de que los diputados de PP y Ciudadanos votarán en contra de los presupuestos si no incluyen esa devolución (también lo harán si la incluyen, como ya hicieron hace un año). La Junta no piensa reclamar ese dinero ante los tribunales ni por otras vías legales, como han anunciado otras Comunidades.

 

El caso es que tampoco parece descabellada la postura de la Junta. Dejando a un lado los enfados de cara a la galería, en realidad los 142 millones ya se han gastado y apuntado al debe, así que es cuestión de esperar, y cuando el Gobierno los devuelva, pues se cancela la deuda y a otra cosa. O peor aún, se mantiene la deuda y ya tenemos 142 millones más para gastar. Que nadie descarte esta segunda opción.

 

Todo este embrollo tiene en realidad dos orígenes, dos agentes causales. El primero es Montoro, el ministro de Hacienda de Rajoy, que como ahora no está a los mandos es mucho más fácil echarle las culpas de cualquier problema. Y el otro es la incapacidad del Gobierno para aprobar unos presupuestos, incapacidad que le llevó a convocar elecciones, y que actualmente no está claro que haya resuelto. Buena prueba de ello es cómo gana tiempo Sánchez anunciando que los presentará “antes de final de verano”, léase septiembre, cuando su idea original era aprobarlos enseguida. Y veremos si no se retrasan todavía más.

 

La explicación no es tan complicada. El 50% de la recaudación del IVA está cedida a las comunidades autónomas. El Estado lo recauda y liquida su parte a las comunidades, pero con un decalaje de dos años. Así que lo que ahora se reclama corresponde a 2017. Ese año, Montoro introdujo nuevas exigencias a los grandes contribuyentes para controlarlos mejor y les obligó a informar de sus operaciones casi en tiempo real. Pero para que pudieran cumplir, les amplió el plazo de ingreso diez días, del 20 al 30 del mes siguiente de la autoliquidación, ese esperpéntico palabro tras el que se quiere disimular cómo Hacienda obliga a empresas y particulares a convertirse en recaudadores por cuenta ajena.

 

Con esta ampliación de plazo, lo recaudado en noviembre de 2017 no pasó a las arcas del Estado hasta 2018. Así que, como en los cambios de calendario de los emperadores romanos, sucedió uno de esos casos en los que un periodo de tiempo desaparece: 2017 solo tuvo once meses de IVA y el que falta se dejó sin pagar. Para corregir esta anomalía cósmica en el continuo dinero tiempo, el primer gobierno Sánchez intentó, en los presupuestos de 2019, computar 13 meses de IVA en ese año para recuperar el mes perdido. Pero los presupuestos no se aprobaron y a eso se acoge ahora Nadia Calviño para no soltar la mosca.

 

Así que por mucho que se indigne Igea, por mucho que desde algunas comunidades se acuse al Gobierno de castigarlas por ser de distinto signo político, esto es en realidad un problema técnico, que acabará solucionándose antes o después, que tampoco causa tanto perjuicio y más valdría que la “indignación máxima” se reservase para causas más dignas.

 

Lo que sería realmente oportuno es que, en vez de tanto aspaviento para la galería, los presidentes de las comunidades autónomas se unieran para reclamar una reforma seria de la financiación autonómica, que es cada vez más apremiante. Claro que no parecen los tiempos más adecuados para el diálogo y los acuerdos, sino para reclamar a gritos el IVA que no vuelve.

 

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