El imperio de la Ley
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El imperio de la Ley

Independientemente de cuándo se acaben celebrando, hay una deriva en todo este embrollo de las elecciones catalanas que me parece especialmente preocupante para la democracia y nuestro sistema de libertades.

El sainete de nuestra política nacional lo protagonizan estos días las elecciones catalanas, aunque hay además varios personajes secundarios particularmente repugnantes. Lo malo no es ya que nuestra vida política se haya convertido en un sainete, lo peor es que a diferencia de los que se escribían desde el Siglo de Oro hasta el XIX no tiene ninguna gracias y además ni es corto, ni tiene un solo acto. Se está haciendo más largo que una novela de Flaubert.

 

Independientemente de cuándo se acaben celebrando, hay una deriva en todo este embrollo de las elecciones catalanas que me parece especialmente preocupante para la democracia y nuestro sistema de libertades. Y que es reflejo de otros episodios que ya hemos vivido en el pasado, que seguramente se repitan en el futuro y que pueden tener graves consecuencias.

 

Me refiero a las siguientes declaraciones del presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés:No es admisible que una vez más sea la Justicia la que vuelva a condicionar la legislatura ante los intentos de quien antepone de forma totalmente irresponsable sus intereses electorales a la salud de la ciudadanía. No podemos estar con esta incertidumbre y considerar normal esta judicialización, que solo contribuye a acentuar la desconfianza. Estamos seguros de que tenemos la razón sanitaria”.

 

O sea que eso de que los tribunales hagan su trabajo y que la acción política se tenga que someter a las leyes y a las decisiones de los jueces le resulta inadmisible a don Pere. Ellos tienen ahora la “razón sanitaria” y con ella deberían poder pasar por encima de cualquier norma. Así lo hicieron ya tratando de saltarse a la torera la Constitución, apoyados entonces por la razón de la “voluntad popular”, al convocar el referéndum ilegal.

 

“Lo único que importa en la democracia es que la gente vote”, decía por entonces Arnaldo Otegui, el pistolero reconvertido en paladín de las libertades. No tardaron algunos en recordarle que si él sigue vivo es porque lo realmente importante en la democracia es el imperio de la ley. Si fuera por votos, pocos dudan de cuál sería el resultado de un referéndum en el que se preguntase a los españoles si estarían de acuerdo en ejecutarle en una plaza pública. Pero nuestras leyes lo impiden y antes de convocar semejante votación habría que cambiar esas leyes, por supuesto siguiendo los cauces establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Eso es la democracia: el respeto y el sometimiento a la ley por parte de todos, el nomos basileus de los griegos, que inventaron todo esto.

 

Por eso es tan peligroso que los independentistas catalanes, que tienen todo el derecho a serlo porque así se lo reconoce nuestra Constitución, no entiendan que han de someterse a las leyes y a los fallos de los tribunales, y que en cuanto una decisión judicial no les gusta salgan con la cantinela de la judicialización de la política y empiecen a buscar razones superiores, como la “sanitaria” o la “voluntad popular” que deberían prevalecer sobre la ley.

 

Lo peor es que no son los únicos, esto parece que se ha convertido en tendencia, que es como ahora se llama a la moda. Hasta tal punto que por ejemplo la Junta también decreta un toque de queda a las ocho de la tarde, es posible que con buen criterio sanitario, pero que no se ajusta a la ley. Es imprescindible entender la importancia de este sometimiento a la ley, porque si saltamos esa valla, al otro lado están la selva, la tiranía y el totalitarismo.

 

Ese totalitarismo en el que tan a gusto estaría el vicepresidente Iglesias, ese que compara a Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo, y que luego a modo de disculpa, nos grita indignado que “no cuenten conmigo para criminalizar a los independentistas”. Por supuesto señor Iglesias. A diferencia de lo que ocurre en Venezuela, en una democracia de verdad como la española, los políticos no son quién para criminalizar ni a los independentistas, ni a nadie.

 

De eso se encargan los tribunales de justicia. Y así lo han hecho con algunos políticos catalanes, condenados por incumplir las leyes, cometer delitos de sedición y malversar fondos públicos. Por eso se ha escapado Puigdemont a Bélgica, porque la Justicia le reclama por haber incumplido la ley. No por sus ideas políticas, que de hecho comparte con millones de catalanes a los que ni los tribunales ni nadie persigue, más bien todo lo contrario, porque a diferencia del expresidente catalán, no han cometido ningún delito.

 

El panorama con esta moda de querer saltarse a la torera el imperio de la ley, que es la única garantía de la democracia, es muy preocupante. También lo es la evolución de la pandemia y el de la economía. Y la cada vez más evidente incapacidad de nuestros gobernantes para gestionar la situación. Un escenario que invita al pesimismo. Pero hay que ser optimistas y no olvidar que los milagros existen. Que se lo pregunten, si no, al Alcoyano.