El Gobierno eliminará el peaje en las autopistas de pago que terminan contrato hasta 2021
Cyl dots mini

El Gobierno eliminará el peaje en las autopistas de pago que terminan contrato hasta 2021

ABERTIS

El ministro de Fomento confirma el fin de los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión, la primera la AP-1 entre Burgos y Armiñón.

El Gobierno liberará los peajes de las autopistas cuya concesión de 50 años termina entre este ejercicio y el año 2021, según ha adelantado el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País y recogida por Europa Press. La decisión afecta directamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, cuya concesión vence el próximo 30 de noviembre, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total.

 

Hace años que entidades sociales de Burgos solicitan este cambio para trasladar tráfico de la peligrosa N-1 hacia el trazado más moderno. Para ello, exigen liberalizar la autopista de peaje AP-1 y evitar así el elevado número de accidentes que concentra el tramo de la nacional que discurre por la provincia de Burgos. 

 

Hace unos meses el anterior gobierno cerraba la puerta a la posibilidad de eliminar a corto plazo el peaje en la autopista AP-6 y sus ramales, que conectan Salamanca, Ávila y Segovia con Madrid y que usan miles de conductores.La concesión está anulada por los tribunales, pero va a seguir vigente hasta, al menos, el año 2025. No será hasta que concluya el actual contrato que el Gobierno central se planteará recuperar la gestión y una hipotética eliminación del peaje, pero no ahora.

 

Ábalos anuncia además que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas de peaje quebradas que ha rescatado el Estado y cuyo concurso estaba previsto para la segunda mitad de este año.

 

El ministro de Fomento señala que tiene que evaluar la decisión sobre el futuro de estas vías junto a los ministerios de Hacienda y de Economía ya que tanto el coste de la compensación que debe pagar el Estado a las antiguas concesionarias como los ingresos de una posible reprivatización afectan al déficit del Estado. Sobre este punto, el ministro asegura que no hay una unanimidad en las cifras que debe asumir el erario público respecto a las facilitadas por el Ejecutivo del PP.