El giro de Illa (y Sánchez) en 24 horas que deja a Castilla y León en el limbo
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El giro de Illa (y Sánchez) en 24 horas que deja a Castilla y León en el limbo

Las 24 horas en las que el mensaje conciliador del ministro de Sanidad con la Junta de Castilla y León termina en un pleito ante el Supremo.

Sábado, 16 de enero. 10.30 de la mañana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece para valorar la situación de la pandemia en España. Lo hace horas después de que Castilla y León anunciara su decisión de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas pese a que, en un primer momento, el Gobierno asegura que no es legal. Se espera que el ministro se refiera a esta situación, bastante espinosa, porque jurídicamente es dudoso que el cambio tenga encaje en la redacción del actual decreto vigente del estado de alarma, que da cobertura legal al toque de queda.

 

Discrepancias al margen, Illa se ha mostrado cercano al gobierno de Castilla y León en los últimos meses, visita incluida al presidente Fernández Mañueco y las 'cabezas visibles' de la gestión del Covid en la comunidad, el vicepresidente Igea y la consejera Casado. La sintonía es, oficial y oficiosamente, buena. Junta y ministro han estado en la misma línea en muchas de las decisiones que ha habido que tomar en los últimos meses, como las medidas comunes para la Navidad, en las que tanto insistió el gobierno regional.

 

"Si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo". La frase del ministro sobre la cuestión da a entender que el Gobierno se abre a introducir cambios en el estado de alarma para adaptarlo a la nueva situación, y que se hará con las comunidades y con el objetivo imprescindible de dar cobertura legal. "El decreto de alarma que tenemos vigente permite restricciones de movilidad nocturna entre las diez de la noche y las seis de la mañana", apunta Illa, pero su tono, como siempre, parece conciliador.

 

Minutos antes, este mismo sábado, el Bocyl hacía oficial el adelanto del toque de queda y las nuevas medidas tomadas por la Junta para frenar la violenta tercera ola de casos. Durante la mañana, la delegación del Gobierno confirma que fuerzas y cuerpos del Estado harán controles a partir de las 20.00 horas para asegurar el cumplimiento de las medidas. Todo apunta a un entendimiento formal. Pero falta el político.

 

Domingo, 17 de enero, 10.25 horas. El Gobierno anuncia su decisión de recurrir el decreto por el que la Junta de Castilla y León ha anticipado el toque de queda a las 20.00 horas. Así lo ordena el Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Abogacía del Estado, que irá a los tribunales para interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

 

La decisión llega a pesar de una nueva declaración de buenas intenciones del ministro Illa. "Ya me conocen. Yo no voy a entrar en polémicas con ninguna comunidad. Mi ánimo de colaboración y apoyo a las comunidades es férreo. Ahora bien, cualquier medida requiere una cobertura legal porque para restringir la movilidad hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas", dice el ministro de Sanidad en una entrevista publicada este domingo en 'El País'. "Las autonomías ya pueden decretar lo que otros países llaman confinamiento", ha señalado el responsable de Sanidad en esta entrevista.

 

El recurso deja en un limbo el adelanto del toque de queda pocas horas después de que sea eficaz. Como ocurrió en octubre con el toque de queda que la Junta prentendió implantar sin que hubiera estado de alarma, el gobierno regional se expone ahora a la anulación del decreto por el que limita la movilidad a partir de las 20.00 horas, adelantando dos horas el toque de queda vigente. Un detalle: las tres nuevas medidas (toque de queda, límite 4 personas y cierre provincial) se aprobaron en sendos decretos separados por lo que sólo se anularía el límite horario en caso de que la Junta saliera mal parada. ¿Una prevención ante un previsible recurso? La catarata de reacciones posteriores, desde la Delegación del Gobierno a la propia Junta, y el anuncio de 'guerra judicial', confirma la kafkiana situación en la que estamos.