El futuro de Borrego, en manos de Javier Iglesias

Javier Iglesias anuncia su intención de presentarse como precandidato

Si el jefe de Fomento se sienta ante un jurado popular, el acuerdo marco de la Diputación especifica que tendrá que ser expedientado, con suspensión de empleo y sueldo. Si no, seguirá siendo un cargo de confianza, apartado de sus responsabilidades, pero no destituido.

Suspenderle de empleo y sueldo, mantenerle apartado de su cargo, cesarle como puesto de confianza. Estas son las principales opciones que se le presentan al presidente de la Diputación para resolver el 'caso Borrego', la resolución del juzgado de instrucción que va a poner delante de un jurado popular al jefe del área de Fomento si no media un recurso que lo impida o retrase. Porque la papeleta está en manos de Javier Iglesias, a quien corresponde tomar las decisiones que deben seguir a la confirmación del auto que obliga a juzgar a Manuel Borrego por malversación de caudales públicos: una acusación por la que le pueden caer hasta ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación.

 

Mientras llega la hora del juicio, y si el recurso al que tiene derecho no lo impide, Iglesias tiene que empezar a pensar qué medidas tomar con su jefe de área. Se trata de un puesto de confianza, cubierto por libre designación, y que hay que recordar está apartado de sus responsabilidades, pero no cesado. Es decir, que mantiene la confianza en él, aunque a día de hoy lleva más de dos años instalado en un despacho, con otras atribuciones. 

 

En su día, la Diputación eligió esta fórmula para 'señalar' a Borrego y otro funcionario, Germán Berrocal, como responsables de la 'trama Diputación'. Berrocal ya ha logrado que el juzgado le de la razón y que la Diputación le tenga que restituir en su puesto porque había sido apartado de manera irregular. Esto es lo que advirtieron los sindicatos en su día, que el procedimiento correcto era expedientar a los señalados si es que había algo que reprocharles, y según la denuncia que La Salina llevó a la Fiscalía, sí lo había.

 

Ahora sólo falta esperar a que se abra el juicio, que tendrá diligencias propias, y Borrego se siente ante un jurado popular. Cuando esto ocurra, y según el acuerdo marco firmado por la Diputación y los sindicatos, el jefe de Fomento tendrá que ser expedientado, y suspendido de empleo y sueldo como sanción. Es lo pactado en caso de acabar juzgado por malversación. Eso sí, la decisión está en manos del presidente, que en esto también tiene opciones. Si lo mantiene apartado, se salta el acuerdo marco y, de paso, mantiene la confianza sobre un puesto designado políticamente y señalado por corrupción.

Noticias relacionadas