El Fogasa tarda una media de 98 días en tramitar los expedientes de pago en Salamanca

(Foto: Chema Díez)

La provincia se encuentra entre las 20 de España que más tiempo prolonga el abono de las cantidades a los afectados. Huelva con 317 días, la cruz y Soia con 11,16 días, la cara.

La paciencia de los salmantinos se agota... y más aún si es por esperar el abono de una cantidad de dinero que se les adeuda. Al menos eso es lo que indican los datos facilitados por el Gobierno en el Congreso, que destacan que el tiempo medio de tramitación de un expediente en la provincia de Salamanca asciende a casi 98 días; en concreto, 97,78, ubicándose entre las 20 con más demora de España.

 

Las provincias con un mayor retraso en el abono de los pagos son Huelva con 317, Barcelona con 253 o Ciudad Real con 232, mientras que en el lado opuesto se hallan Soria con solo 11,16 días, La Rioja con 11,92 o Teruel con 11,65 días.

 

Por otro lado, no hay que olvidar que en solo tres meses, este organismo ha disminuido un 79% de los expedientes que estaban pendientes de ser abonados a los afectados, según ha hecho público el propio Gobierno en el Congreso de los Diputados. Este hecho se debe al nuevo Plan Greta llevado a cabo por el Gobierno, que ha derivado numerosos expedientes a Madrid para su tramitación, dejando el resto a las unidades provinciales, para que antes de fin de año estén todos resueltos.

 

Es más, la cifra ha pasado de los 1.410 expedientes a 31 de marzo de 2014, a los 307 a 30 de junio del presente ejercicio, por lo que en solo tres meses, el Fogasa ha podido dar salida a 1.103 documentos atrasados con muchos trabajadores implicados.

 

No en vano, en Castilla y León, solo Valladolid cuenta con más expedientes que Salamanca con 630, mientras que el resto cuenta con un número menos.

 

En el ámbito regional son 1.541 los expedientes sin abonar, mientras que en el conjunto de España son 150.048, de los que 80.224 están afectados por el Plan Greta adoptado por el Gobierno y el resto, 69.824 pertenece al trámite ordinario de las unidades provinciales.