El efecto de la crisis en Salamanca, en diez cifras

MINGUEZA

Población, empleo, empresas, economía, regulaciones de empleo, ejecuciones hipotecarias... las consecuencias de la recesión vistas a partir de algunos datos.

La economía española lleva meses mejorando sus constantes y, aunque de manera desigual y con consecuencias, la mejoría está empezando a notarse. No obstante, la situación nunca volverá a ser la de antes por las grandes consecuencias que ha dejado esta etapa de contracción económica. Los daños para una economía como la salmantina se pueden medir en función de distintos indicadores que arrojan importantes cifras.

 

Así, desde 2012 un total de 6.690 trabajadores salmantinos se han visto afectados por algún ERE, expediente de regulación de empleo, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social; casi 3.000 de ellos han perdido su trabajo en cerca de un millar de despidos colectivos. El resto se han visto afectados por reducciones de jornada. 

 

Además, también se ha reducido la población por efecto del saldo negativo de las migraciones: se va mucha más gente de la que llega. En concreto, somos 14.000 salmantinos menos ahora que en 2011. A pesar de la mejora de los datos del paro, la realidad es que la población activa se ha reducido desde entonces en 4.000 personas y que el mercado laboral se ha recudido, con 4.500 personas ocupadas menos que cuando empezó la crisis y más parados, según los datos de la EPA.

 

Esto ha dejado un panorama social con más hogares en los que no entra un sueldo. Según la encuestra de población activa del INE, al término de 2016 eran 10.900 las familias en las que todos los miembros están parados; en 2011 la cifra era de 8.300: son 2.600 más. Además, la tasa de cobertura del desempleo, el porcentaje de parados que todavía tiene derecho a una prestación por el paro, se ha reducido 18 puntos porcentuales: del 66% de media en 2011 al 48% en 2016.

 

Las dificultades económicas han dejado importantes huellas en las empresas. Según los datos del INE, desde 2011 un total de 221 empresas han entrado en concurso de acreedores, cifra que el Consejo General del Poder Judicial eleva a 260; a ellos hay que sumar 20 familias que, sólo en 2016, se declararon en quiebra.

 

En cuanto a ejecuciones hipotecarias, según el CGPJ desde 2011 se han presentado en la provincia un total de 2.135, de las cuales según una respuesta parlamentario del Gobierno sólo en los tres últimos años (2014-2016) 750 eran de viviendas y 500 por impagos hipotecarios. Eso ha derivado en casi 1.700 lanzamientos efectivos, es decir, personas a las que se ha echado de su hogar por un impago hipotecario.