El contrato anulado del bus urbano: un embrollo de 140 millones difícil de resolver antes de acabar la legislatura
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El contrato anulado del bus urbano: un embrollo de 140 millones difícil de resolver antes de acabar la legislatura

Un bus urbano saliendo de la parada de Gran Vía.

El Ayuntamiento de Salamanca tendría que esperar al menos un año para poder repetir el concurso porque debe publicarlo en el boletín oficial de las comunidades europeas. Y deberá permitir que Globalia u otras empresas se presenten.

La próxima corporación que salga de las elecciones del 26 de mayo ya sabe que recibirá, al menos en un caso concreto, una herencia complicada del actual equipo de Gobierno. Una herencia en forma de contrato anulado por valor de más de 140 millones de euros. El motivo, que la solución estándar, repetir la licitación y abrir un nuevo concurso, tiene que cumplir un requisito que podría demorarla un año.

 

Esta es la situación generada con la anulación de manera ya definitiva del millonario contrato del bus urbano de Salamanca, el de mayor cuantía de los resueltos durante la 'era Mañueco-Carbayo'. El actual alcalde ha explicado que procederá a abrir el proceso cuando el Consistorio tenga conocimiento de la resolución judicial. Pero las resoluciones judiciales le van a marcar dos caminos que complican la redacción de los pliegos y, especialmente, los plazos.

 

El problema de fondo de esta ajudicación han sido las trabas a la competencia. Desde que se tramitó su concesión, al final de la pasada legislatura, llegaron advertencias de ese tipo sobre la idoneidad de los pliegos de condiciones, que tal y como estaban redactados limitaban el número de empresas que se podían presentar. En efecto, al final solo se presentó una: la empresa que había gestionado el servicio durante los 30 años anterior, y que a día de hoy lo gestiona.

 

En enero de 2014, un recurso especial de Globalia paralizaba el proceso de adjudicación del contrato y los tribunales le han acabado dando la razón. Cuando Globalia decidió recurrir el concurso, los tribunales empezaron a pronunciarse. En octubre de 2016, el tribunal administrativo de contratos de Castilla y León anulaba el contrato sin entrar en el fondo y agarrándose a un defecto exacto: haberse saltado un precepto obligatorio para fomentar la competencia. En concreto, el motivo último de esta anulación era que la licitación de este contrato no se publicó en el boletín oficial de las comunidades europeas, al menos, un año antes de iniciarse el concurso

 

Así que lo primero que hay que hacer es anunciar en ese portal que se va a abrir concurso. Tiene que pasar un año anunciado, así que ese plazo se debe aprovechar para elaborar los nuevos pliegos de contratación, algo que se ha pedido de manera interna en comisiones informativas, junto con un informe para una posible remunicipalización. Los nuevos pliegos deberán tener bastantes cambios por el segundo motivo que 'tumbó' la adjudicación.

 

 

Pliegos abiertos a la competencia

 

La falta de publicidad en ese portal europeo fue suficiente para esta primera anulación, recurrida por considerar el ayuntamiento que era un defecto menor. Sin embargo, en marzo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León refrendaba la nulidad del contrato y entraba en el fondo del asunto: sentenciaba que los pliegos limitaban la competencia y estaban hechos 'a medida' de la empresa que ya lo tenía. El equipo de Gobierno del PP renunció a un último cartucho y dejó el recurso en manos de la propia empresa, cuyo intento ha sido ahora desestimado por el Tribunal Supremo.

 

Así que ahora hay que redactar unos nuevos pliegos que aseguren la concurrencia de empresas, no como los que han acabado en nulidad del contrato. La 'prueba del siete' es que se puedan presentar otras alternativas, como la de Globalia, que ya ha manifestado su intención de hacerlo, o de otras empresas del sector.

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