El Congreso aprueba la ley que prohíbe la extracción de uranio sin que la mina de Retortillo haya logrado permiso
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El Congreso aprueba la ley que prohíbe la extracción de uranio sin que la mina de Retortillo haya logrado permiso

La ley se aprueba este jueves sin que el CSN se haya pronunciado sobre el proyecto públicamente: sobre el papel, si no tiene permiso ya no se le podrá conceder.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves definitivamente el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética tras un debate en el que deberá refrendar o rechazar cinco enmiendas incorporadas a su paso por el Senado. El proyecto legislativo contempla una hoja de ruta para la descarbonización en España de aquí a 2050, una fecha en la que se marca el reto de alcanzar la neutralidad climática. Además, incluye la prohibición de la minería de uranio lo que afecta al proyecto de Retortillo en la provincia de Salamanca.

 

La aprobación de la ley complica el futuro de este proyecto de la minera Berkeley ya que, según el texto, a partir de la entrada en vigor del texto no se podrán dar nuevos permisos, ni de explotación ni de investigación, a la extracción de minerales como el uranio. Según Unidas Podemos, impulsor de la medida, eso significa que en caso de que el permiso no este concedido antes de que la nueva norma entre en vigor, supondría dar carpetazo definitivo al proyecto. Según la empresa, no supondrá la cancelación de ninguna de sus concesiones de explotación ni derechos ya adquiridos, ya que hace referencia explícita a "nuevas solicitudes". En todo caso, se augura una larga disputa sobre esta cuestión ya que Berkeley defiende que lleva años de trámites y que tiene numerosas autorizaciones: podría reclamar decenas de millones de euros.

 

El caso es que, hoy por hoy, la mina no tiene autorización final ya que el Consejo de Seguridad Nuclear todavía no ha emitido públicamente su dictamen. El 13 de abril, el presidente del CSN decía en el Congreso que faltaban todavía informes y que en la larga tramitación se había pedido documentación a la empresa que tardaba en llegar o no era correcta, con información que es “insuficiente” o bien llega “con deficiente calidad”. Sin ese dictámen, que es vinculante, no puede haber autorización que, además, depende finalmente del Gobierno que es quien decide. Y la ley se aprueba este jueves sin que tenga ni informe ni autorizacion final: si eso impide que lo haya en el futuro, lo veremos

 

Cambio climático

Además, con esta ley, la primera en el ordenamiento legislativo nacional para luchar contra el calentamiento global, España prevé cumplir los compromisos internacionales, adoptados en 2015 con la firma del Acuerdo de París. En los diferentes trámites sustanciados hasta el momento el texto del Gobierno ha obtenido el apoyo de todos los grupos excepto el de Vox, que votó en contra, y del PP y Más País-Verdes Equo, que se abstuvieron. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.

 

La nueva ley contempla objetivos de reducción de emisiones de aquí a 2030, --aunque estos serán revisados al alza en 2023-- que prevén un descenso del 23 por ciento de los gases de efecto invernadero respecto a 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42 por ciento; y lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74 por ciento de generación a partir de energías de origen renovable, entre otras medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética.

 

El proyecto del Ejecutivo recibió en la Cámara Baja un total de 758 enmiendas parciales de los diferentes grupos parlamentarios, de las que se incorporaron 3, junto a otras 16 enmiendas transaccionales. A su paso por la Cámara Alta, las formaciones políticas presentaron 585 enmiendas de las que se han incorporado cinco. 

 

Entre otras medidas, el proyecto de ley prevé la supresión de los vehículos de combustión a más tardar en 2040; la prohibición de las prospecciones y explotación de hidrocarburos a partir de la entrada en vigor de la ley así como los proyectos de fracturación hidráulica y la minería de uranio. Con estas y otras propuestas, la Ley fija el objetivo de que España alcance, a más tardar, en 2050 la neutralidad climática.