El comunismo del agua

Grifo de agua. Foto de archivo.

Artículo de opinión del columnista Diego Jalón.

Ya sé que estos días lo que preocupa a los españoles no es el informe de Funcas, que prevé una caída del PIB del 13% este año y que estima que no nos recuperaremos de esta crisis al menos hasta 2024. Ni que el paro vaya a superar el 20% de la población activa el año que viene. Ni que el Banco de España haya empeorado todos sus pronósticos, tanto de desplome económico este año como de recuperación en 2021. Ni siquiera que los contagios se hayan desbocado en toda España y el sistema sanitario empiece a sufrir de nuevo. Tampoco que el Gobierno planee congelar los salarios de los funcionarios, aumentar la edad de jubilación, incrementar las cotizaciones de los autónomos o subir los impuestos.

 

De lo que hablan los españoles estos días, cada vez menos en los bares y cafés y cada vez más en sus charlas por Skype, es de qué va a pasar con el Valle de los Caídos y de esa nueva ley de Memoria Democrática que acaba de aprobar el Gobierno. Eso debe ser lo que nos preocupa a todos y por eso es a lo que Moncloa le ha dado prioridad. Hay que recordar, de forma selectiva eso sí, lo que pasó hace 84 años, pero olvidarnos de lo que ocurrió en marzo o de los asesinatos de ETA que son agua pasada y no mueven molinos. El techo de gasto, la senda del déficit, los presupuestos y el plan de inversiones y reformas que nos pide Europa pueden esperar.

 

Yo hoy, sin embargo, no voy a escribir sobre Franco, ya que me gustaría centrarme en un asunto de esos que realmente afectan a nuestra vida cotidiana. Hoy les quiero hablar de la gestión del ciclo integral de agua, esa que permite, de momento, que hasta en el último rincón de España, al abrir el grifo, salga agua potable todos los días.

 

La noticia que quiero comentar debería producirnos cierta inquietud. Ya sé que son tiempos en los que casi cualquier cosa que publica la prensa nos genera inquietud, pero esta tiene cierta trascendencia y sus consecuencias pueden ser muy graves y prolongarse en el tiempo mucho más allá que la pandemia y la crisis económica, incluso que el devenir de los monjes del Valle de Los Caídos. Según han informado varios medios, Pedro Arrojo será nombrado próximamente nuevo relator de la ONU del Derecho al Agua y al Saneamiento. Con lo de moda que está ahora el relato, Podemos va a tener un relator oficial, nada menos que en Naciones Unidas.

 

Hasta ahora, el sillón en el que se va a sentar Arrojo lo ocupa el brasileño Leo Heller, un licenciado en ingeniería civil, profesor universitario, con amplia formación teórica y ninguna experiencia profesional en el sector del agua y el saneamiento. En su último informe sobre “Los derechos humanos y la privatización de los servicios del agua y el saneamiento”, de julio de este año, Heller deja constancia de su sectarismo y de sus ideas filocomunistas. Todo el informe, respira una animadversión enfermiza hacia el modelo económico mundial en general y especialmente hacia la iniciativa privada.

 

Para Heller, los enemigos son la economía de mercado y la empresa privada. Añora los buenos tiempos del soviet, en los que el Estado controlaba los medios de producción con los brillantes resultados económicos que todos conocemos. Su razonamiento es que el agua es un derecho y por lo tanto debe ser el Estado el que asuma su prestación y me recuerda bastante al principal argumento de María Sánchez para municipalizar el agua en Valladolid. Como es un bien esencial, que lo gestione el Estado, que tan bien lo hace siempre. Lo mismo podríamos decir de la alimentación, la vivienda, la electricidad, la telefonía o internet. Que se estatalicen o municipalicen la agricultura, la energía, las telecos o los supermercados. Solo hay que recordar lo felices que éramos cuando Telefónica ejercía su monopolio como empresa estatal y los españoles se hacían ricos con “las matildes”. O lo bien que funcionaba la agricultura en tiempos de Stalin.

 

Pero como dice el refrán, otro vendrá que bueno te hará. Así que la ONU ha pensado en Pedro Arrojo, ex diputado de Unidas Podemos y activista contra el trasvase del Ebro. Ya saben, eso de la solidaridad es como el aceite, que no se mezcla con el agua. Arrojo va más allá en sus postulados que el propio Leo Heller. Arrojo quiere pasar “de la vieja demagogia del hormigón y el productivismo subvencionado a la nueva racionalidad económica”. Para ello arremete contra las grandes presas y reivindica que debemos volver a “las infraestructuras naturales”. Debe ser su forma de entender la memoria histórica, como las presas las hizo Franco, hay que derruirlas y el que quiera agua, que se acerque al río.

 

Por supuesto, está también en esa misma pamplina de que el sector público debe encargarse en exclusiva de la gestión del ciclo integral del agua, que nos cuenta el Ayuntamiento de Valladolid. Claro que luego cuando Aquavall hace sus balances confunde gastos corrientes con inversiones y facturación con beneficios, como publicó el Ágora Diario del Agua el pasado 5 de Marzo.

 

Flaco favor se hace la ONU a sí misma dando un altavoz mundial a uno de los personajes más reaccionarios de cuantos en el mundo opinan en el sector del agua. Ni un solo dato de eficiencia en la gestión, ni una consideración a la calidad del servicio que prestan las empresas privadas. Solo ideología comunista trasnochada y falsedades como que las empresas de agua cortan el suministro a quienes no pueden pagar y que España está llena de pobres que se mueren de sed. El comunismo no ha causado más que ruina y pobreza y no hay ninguna razón para creer que en el sector del agua será diferente. El agua es demasiado importante para dejarla en manos de sectarios y Naciones Unidas lo debería tener en cuenta si no quiere perder el prestigio internacional que todavía le queda. 

 

Diego Jalón