El colectivo de hepatitis C se manifiesta ante la Subdelegación: "No podemos esperar más los tratamientos"

Colectivo de Hepatitis C. (Foto: Cinthya Duarte)

Más de treinta personas se manifiestan ante la subdelegación del gobierno en Salamanca para exigirle "mayor celeridad en tratamientos contra la hepatitis".

La Plataforma de afectados por Hepatitis C en Salamanca se ha concentrado en la Plaza de la Constitución para denunciar el elvado número de enfermos de hepatitis C en Salamanca y en las prisiones, "lugar donde menos llega el medicamento adecuado para la curación de esta enfermedad". Un 20% de la población presa tiene Hepatitis C  y sin embargo sólo un 3% está siendo tratada con los medicamentos apropiados. En la cárcel de Topas hay al menos 300 afectados. 

 

Según indica Esther Mate, una de las representantes, "esta es una situación generalizada en las diferentes prisiones del Estado español y por tanto una violación de los derechos humanos. Por todo ello, siguiendo nuestra línea de trabajo desde hace años, no podemos sino sumarnos a las campañas nacionales de la Plataforma de afectados por la Hepatitis C".

 

La causa de esta situación se debe a que la atención primaria en las prisiones está gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por criterios de seguridad, y no exclusivamente por criterios de salud, al depender directamente del Ministerio de Interior, señala Carlos Rodrigo, del Comité antisida en Salamanca.

 

Colectivo de Hepatitis C. (Foto: Cinthya Duarte)


Mientras que, en el exterior de estos centros, estos medicamentos de nueva generación comienzan a dispensarse, paulatinamente, con criterios exclusivamente sanitarios a los enfermos que cumplen los requisitos establecidos por la comunidad científica, la atención a los enfermos que se encuentran en las prisiones, y que igualmente reúnen estos requisitos, está condicionada por razones que poco tienen que ver con los criterios sanitarios. 

 

Así pues, la persona que está en prisión ve restringido su acceso a un tratamiento imprescindible para seguir viviendo, por el simple hecho de estar en la cárcel.  "Evidentemente estamos ante una grave violación de los derechos fundamentales de estas personas", denuncia Rodrigo, "además le dan el tratamiento antiguo que les destroza tanto física como emocionalmente, es por ello que algunos acaban suicidándonde".

 

La causa de la restricción que sufren las personas enfermas de Hepatitis C que están en prisión radica en quién se hace cargo del coste del medicamento, si instituciones penitenciarias o si las comunidades autónomas que tienen conciertos con las prisiones, olvidándose de que la Ley General penitenciaria establece que “a las personas presas se les garantizará una asistencia sanitaria equivalente a la dispensada al  resto de la población, también en prestaciones farmacéuticas y complementarias”. 

 

A parte de reinvindicar los tratamientos, "queremos poner de manifiesto que las farmacias se ríen de nosotros, estamos pagando precios astronómicos por medicamentos que deberían ser recetados en una consulta, por lo que si esto sigue asílucharemos para que se haga un genérico".