El Ayuntamiento tendrá que pagar 700.000 euros por la decisión de un concejal de adjudicar un contrato ilegal

Camión de la empresa que gestiona el contrato de la iluminación.

El Ayuntamiento de Salamanca deberá indemnizar con 700.000 euros a una empresa por adjudicar ilegalmente el contrato de alumbrado a Aceinsa. La decisió fue de García Carbayo.

Ya es firme la sentencia del TSJ de Castilla y León que dictamina una indemnización para la empresa Etralux, que recurrió la adjudicación en los Tribunales. Según el grupo Ganemos, el Tribunal Supremo ha denegado el recurso de casación con que Mañueco y su grupo trataban de justificar la concesión de este contrato, que salió adelante pese a tener en contra todos los informes del funcionariado municipal. El resultado, que el consistorio tendría que indemnizar a la empresa Etralux con 700.000 euros por una decisión que tomó de manera unilateral el equipo de Gobierno, en la figura del concejal Carlos García Carbayo.

 

La cantidad corresponde con el 6% del beneficio industrial del contrato, adjudicado en su día por un valor de 12 millones de euros. Según la sentencia del TSJCyL, que ahora ha ratificado el Supremo, hay que adjuciar el contrato a Etralux o indemnizarle con el beneficio industrial. Como no es posible adjudicar el contrato, que ya está finalizado (de hecho, el nuevo se adjudica ahora), se debería indemnizar. En todo caso, la cuantía final se decidirá en el acto de ejecución de sentencia, que todavía está por ver.

 

En su día, en 2011, Aceinsa concurrió con una oferta que includía bajas de entre el 12 y el 22% para todos los servicios; generalmente se considera que no es posible rebajar más del 10% el presupuesto de licitación que se establece en los pliegos, límite al que se había atenido Aceinsa en su primer contrato con el Ayuntamiento.

 

En el proceso, un informe técnico aseguraba que, con esas condiciones, el servicio daría pérdidas de manera irremediable. Inicialmente, la mesa de contratación adjudicó el contrato a Etralux, la exempresa del número uno de Aceinsa y anterior concesionaria de este contrato, pero el concejal Carlos García Carbayo logró un informe técnico que aseguraba que el Ayuntamiento había contratado con bajas por encima del 10% habitualmente, y lo usó para adjudicar en la junta de Gobierno, entonces controlada por el PP en exclusiva, en contra de lo que había determinado la mesa. El escándalo fue mayúsculo.

 

El contrato de alumbrado, uno de los primeros que se llevó Aceinsa, fue adjudicado en julio de 2012 por el teniente de alcalde en junta de gobierno tras un recurso de una de las empresas concurrentes y a pesar de las enormes bajas presentadas por Aceinsa. El contrato fue anulado el pasado diciembre por el TSJCyL por las bajas temerarias con las que se lo adjudicó la empresa y que no justificó; en su día la empresa dijo que ofrecía precios así de bajos porque quería entrar en el contrato, pero desde el primer momento los técnicos municipales advirtieron que así entraría en pérdidas, algo que no es legal.

 

Adjudicar los contratos municipales a las empresas “amigas del PP” tiene “graves consecuencias para la ciudadanía”. El último caso, el del contrato de alumbrado público del Ayuntamiento de Salamanca, que el equipo de Gobierno del PP adjudicó a Aceinsa pese a contar con todos los informes municipales en contra y por el que el Consistorio deberá desembolsar ahora 700.000 euros en forma de indemnización, tras la última decisión del Tribunal Supremo, que rechaza el recurso interpuesto por el Ayuntamiento.

 

Esta es la cantidad con la que las arcas municipales salmantinas deben indemnizar a otra empresa, Etralux, que llevó la adjudicación a los Tribunales al considerar que esta podría estar ‘amañada’. En efecto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló el contrato, adjudicado en 2012 por 12 millones de euros, al detectar “trato de favor” a Aceinsa, (empresa que da nombre al ya conocido ‘caso Aceinsa’). Como consecuencia de ello, quedaba pendiente una indemnización para Etralux equivalente al 6% del valor del contrato que, si no hubiera finalizado, habría pasado a manos de la empresa demandante, según el dictamen del TSJCyL.

 

La anulación de la adjudicación del contrato estaba hasta ahora en el aire, pendiente del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento ante el Tribunal Supremo para tratar de evitar la indemnización, que ahora ya es inevitable. “Estas son las consecuencias del amiguismo del PP; más y más despilfarro del dinero de las y los salmantinos”, declara el concejal de Ganemos Gabriel Risco.

 

Ganemos Salamanca exige que esta indemnización sea desembolsada “no por la ciudadanía, sino por el alcalde Mañueco, sus dos tenientes de alcalde y quienes votaron a favor de ese acuerdo que iba en contra de todos los informes del funcionariado municipal”. Es decir “que paguen quienes se empeñaron en conceder este contrato a Aceinsa, incluso a sabiendas de que lo que estaban haciendo estaba fuera de la legalidad”.

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