El Ayuntamiento 'reabre' la vía negociada que Mañueco cerró con Defensa en el 'caso Corte Inglés'
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El Ayuntamiento 'reabre' la vía negociada que Mañueco cerró con Defensa en el 'caso Corte Inglés'

Fachada del edificio de El Corte Inglés.

El concejal Fernando Rodríguez dice que siguen abiertos a negociar con el ministerio por la recalificación de su solar: se niega a pagar 14,4 millones, pero reconoce la pérdida que asume Defensa.

El Ayuntamiento de Salamanca ha empezado a 'aflojar' su pulso con el Ministerio de Defensa por la denominada 'solución Mañueco', la recalficación de un solar ministerial por la que el organismo ha puesto a trabajar a la Abogacía del Estado. Al menos, eso es lo que expresa en sus declaraciones un portavoz autorizado aunque bien podría ser una táctica ante el conflicto que se avecina, porque los responsables ministeriales quieren una indemnización. Un pulso se juega en torno a una cifra, los 14,4 millones de euros que el ministerio de María Dolores de Cospedal reclama por el daño que el cambio de calificación ocasiona a sus intereses.

 

La pelea se anticipa difícil ya que el Ministerio no hace otra cosa que defender sus intereses, y los del patrimonio público. Esta recalificación supone que su solar pierde buena parte de su valor, y si pierde lo público, perdemos todos. Quizás por lo que se avecina, el equipo de Gobierno se reserva la opción de abrir la vía negociada para salir del embrollo. Y lo hace justo cuando está en puertas de desencadenarse el conflicto: este viernes se aprueba el cambio de calificación del solar que provocará, con toda seguridad, la  llamada de los servicios jurídicos del Estado.

 

Ante esta eventualidad, el concejal Fernando Rodríguez, que ha estado detrás de todo lo que se ha hecho en el sector 37, el área del antiguo cuarten en la que se asentó el edificio de El Corte Inglés, ha optado este miércoles por una aparente prudencia. "Estamos abiertos a hablar con el ministerio, nunca hemos abandonado esa vía, pero dentro de lo razonable", ha dicho Rodríguez al ser preguntado por el asunto, no sin antes reconocer que Defensa hacía lo que debía al defender sus intereses.

 

La postura es muy diferente a la adoptada por el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco. El pasado mes de mayo, en una de las contadas veces que se ha pronunciado sobre las reclamaciones de Defensa, fue contundente: ni había lugar a negociación ni el solar vale lo que pedía el ministerio"El Ministerio de Defensa dice que eso vale una cantidad de dinero pero el mercado se ha devaluado", aseguró entonces. Fue todavía más claro al preguntarle por una posible negociación para pagar alguna cantidad: "Lo que no vamos a hacer es entrar en negociación alguna", dijo. La fase de negociación quedó zanjada en su día sin acuerdo como tuvo que reconocer el equipo de Gobierno, a pesar de los meses empleados y los contactos con Defensa.

 

 

Abierto a negociar una cantidad

 

Por contra, el concejal Rodríguez ha ido más allá todavía y ha reconocido la pérdida de valor del solar de Defensa al cambiar su calificación de residencial a dotacional: pasa de poder promover pisos a sólo equipamientos. ncluso ha admitido que esa pérdida patrimonial pueda dar lugar a algún tipo de indemnización, pero no lo que ha pedido Defensa en las alegaciones que presentó: 14,4 millones de euros. Rodríguez ha asegurado que el Ayuntamiento se ha negado a pagar esa cuantía porque la ve "lejos de la realidad" del valor del solar.

 

Sin embargo, abrir la puerta a una cifra "razonable" es hacerlo al pago de una cantidad que supondría un coste para las arcas municipales. El alcalde y su equipo de Gobierno se han negado siempre a reconocer que su 'solución' para el embrollo del sector 37 podría tener un coste, y la primera factura puede llegar del lugar más inesperado. 

 

El consistorio, y el propio alcalde, contaban con que se podría arreglar negociando. De hecho, tenían a su favor que las negociaciones se iniciaron cuando al frente de la cartera estaba María Dolores de Cospetal, aliada y valedora de Fernández Mañueco. Sin embargo, bajo el mandato de la ahora exministra el ministerio manifestó hace meses que defendería sus intereses si se procedía a la recalificación porque, tras las negociaciones mantenidas con el Ayuntamiento, no hubo acuerdo. Y una vez que la solución está incialmente aprobada con la puesta en marcha de una modificación del PGOU, ha cumplido su amenaza.

 

La exministra puso el asunto en manos de los servicios jurídicos del Estado, algo que no ha gustado al todavía alcalde de Salamanca, que tras conocer las intenciones de la Abogacía del Estado se ha revuelto contra la decisión