El Ayuntamiento paga 270.000 euros de facturas en contratos caducados pese al reparo del interventor

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez.

El equipo de Gobierno levanta los reparos del interventor municipal para pagar facturas de contratos caducados hace casi tres años como el de señalización.

El equipo de Gobierno del PP ha sacado adelante el pago de una factura de 270.000 euros a dos de las empresas 'favoritas' del Ayuntamiento, Aceinsa y Clequali, por el pago de servicios por contratos que están caducados, pago que ha venido acompañado de un reparo del interventor municipal que considera que no se debe hacer el abono porque se trata del contrato que está caducado hace cerca de dos años. Según el concejal popular Fernando Rodríguez este reparo de la intervención municipal es simplemente una opinión discrepante.

 

El asunto venía incluido en un dictamen que se ha votado este viernes en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca tras incorporarlo por vía de urgencia como reconocimiento de créditos del ejericio anterior, con varias facturas entre las que se mezclan facturas a concesionarias de servicios municipales. La empresa afectada es Aceinsa, que recibe un pago de 202.000 euros con reparo expreso del interventor del Ayuntamiento para pagar gastos de un contrato, el de señalización, que está caducado desde el 15 de mayo de 2015, casi tres años. El plazo inicial del contrato era de dos años, con dos de prórroga, y se firmó en 2011, así que tiene más que superada su vigencia. Este contrato está en los juzgados, denunciado por Ganemos, que acusa al alcalde y dos concejales de prevaricación. El reparo del interventor está levantado con un informe del jefe de la Policía Local.

 

"A esta empresa ustedes se esforzaron en adjudicarle el contrato de la iluminación, es de mucha risa", ha lamentado Gabriel Risco, que ha afeado un gesto del alcalde mientras intervenía. "Al PP y al alcalde lo único que les preocupa es mantener este contrato y seguir alimentándolo con el dinero de toda la ciudadanía", ha insistido Risco que ha enumerado los casos de "amiguismo y despilfarro", como los de las piscinas, la gestión de La Aldehuela.

 

El portavoz del PSOE, José Luis Mateos, ha lamentado que el contrato en cuestión lleva sin cobertura legal desde mayo de 2015 y que "el PP lleva empeñado en su error de gestión que lo que hace es perjudicar a la ciudadanía". Mateos ha lamentado que "ustedes siempre eligen hacer las cosas mal" y ha dicho que el PP debe explicar las "poderosas razones" para que un contrato esté en prórroga ilegal desde 2015 y que, como dice el interventor municipal, está sujeto a sus reparos.

 

El portavoz del PP se ha escudado en que los pagos a esta empresa por su contrato prorrogado han sido avalados por el Tribunal de Cuentas, pero nada ha dicho de la situación excepcional del contrato que lleva casi tres años caducado. Esto se ha podido hacer gracias a la inclusión de un artículo de las bases de ejecución del presupuesto que permite al Ayuntamiento prorrogar legalmente contratos hasta que se adjudican los nuevos siempre que sea para mantener servicios esenciales. Sin embargo, el pago lleva los reparos del  interventor municipal, uno de los máximos funcionarios municipales, a lo que Rodríguez ha quitado hierro.

 

 

67.000 euros a Clequali

 

La segunda empresa afectada por este expediente de reconocimiento de créditos es Clequali por el servicio de conserjería por 67.000 euros para pagar un servicio que tiene el contrato caducado, y con reparos del interventor que considera que no se puede pagar al estar caducado.

 

El equipo de Gobierno ha aludido que no había otro remedio porque la licitación del nuevo contrato ya está en marcha y hay que dar el servicio, y que de otro modo hubiera obligado a despedir a los empleados. Y que el proceso de licitación se retrasó por un recurso interpuesto por el grupo Ganemos y que fue posteriormente desetimado, lo que retrasó hasta enero de 2018 la firma del nuevo contrato, motivo por el cual hubo que dar el servicio otros dos meses, a los que corresponde el pago. Sin embargo, Ganemos considera que ya no había contrato y que no se puede pagar, y que se podía haber optado por resolverlo contratando directamente desde el Ayuntamiento.