El Ayuntamiento estira todos los plazos para evitar el cierre y demolición del hotel Corona Sol

(Foto: De la Peña)

Ha pasado más de un mes desde que el pleno dijo 'no' a la pretensión del alcalde: legalizar el hotel. Lleva 16 meses sin licencia de uso, tiene anuladas la ambiental y de primera ocupación y el equipo de Gobierno se empeña en no actuar.

La resistencia del Ayuntamiento de Salamanca para aplicar la ley en el caso del hotel Corona Sol supera todos los plazos. Más de un mes después de que el pleno municipal se negara a aceptar la pretensión del PP de legalizar el establecimiento con un cambio 'a medida' en el PGOU, el equipo de Gobierno de Fernández Mañueco sigue sin hacer nada para ejecutar una sentencia que ya es firme y que anula las licencias de cambio de uso y las licencias ambiental y de primera ocupación, con lo cual no solamente es ilegal, sino que no tiene (ni va a tener) base legal urbanística para seguir abierto.

 

Ante esta situación, los vecinos de AVEMUR  han decidido acudir a Industria de la Junta y al TSJ de Castilla y León para que se hagan efectivas las sentencias: es decir, para que se cierre el hotel y se derribe lo que ha construido de más, unos 800 metros, una planta entera. Y han apelado a la doctrina del Tribunal Supremo que, en ocasiones similares, ha dictado la ejecución inmediata de sentencia. A día de hoy, el hotel carece como se sabe de licencia de cambio de uso, lo que permitió que pasara de residencial a establecimiento hotelero. Se anuló en noviembre de 2015 y ya es firme. Además, el pasado diciembre se anularon las licencias ambiental y de primera ocupación que afectan a la construcción dejando sin excusas al Ayuntamiento para no actuar.

 

Sin embargo, pasan los meses y corren todos los plazos sin que el consistorio de Fernández Mañueco actúe. De entrada, ha pasado más de un mes desde que el pleno rechazó cambiar el plan general de urbanismo a medida del hotel como pretendía el PP, lo que lo hubiera legalizado; la iniciativa era cuestión de la promotora Palco3, pero el grupo popular la defendió con uñas y dientes, sin éxito. En todo este tiempo, ya se podía haber actuado para restaurar la legalidad: el Ayuntamiento debe abrir un expediente al establecimiento y cerrarlo. Lo puede hacer incluso aunque la promotora recurriera.

 

Además, han pasado casi cuatro meses desde que se anularon las licencias ambiental y de primera ocupación que afectan a las monstruosas chimeneas y torres de aire acondicionado, que dan directamente a los patios de los vecinos afectados, y tampoco se ha actuado contra ellas. De igual modo, el establecimiento carece de licencia de uso al anularse en diciembre de 2015, de lo que han pasado 16 meses, sin que haya tenido efecto. Incluso en marzo de 2016 la Junta abrió diligencias sobre este asunto y ha pasado un año completo sin resultado.

 

Además, el equipo de Gobierno ha demorado durante más de dos años llevar la cuestión al pleno. El PP estuvo a punto de intentar una legalización por la vía de un cambio en el PGOU, pero el cambio de mayorías en el Ayuntamiento se lo impidió. Fue en abril de 2016 cuando la oposición exigió a Fernández Mañueco que trajera la aprobación de esta modificación puntual al pleno con el objetivo confeso de decir 'no' a la legalización del hotel.

 

Lo único que se ha conseguido es darle alas a la empresa promotora. Hace unas semanas, se descolgó pidiendo 4.000 euros de indemnización por cada día de un hipotético cierre; el Ayuntamiento no ha movido un dedo para oponerse a esta pretensión. Pese a ello, ha intentado seguir adelante con la legalización del hotel con una modificación puntual del PGOU que el pleno se negó a aceptar, y en la que contó con el apoyo expreso del PP y para lo que ofreció una triquiñuela urbanística: un callejón a cambio de legalizar 800 metros construidos de más.