El Ayuntamiento delega en la empresa a la que adjudicó el bus el recurso para salvar el millonario contrato

Alfonso Fernández Mañueco y Fernando Rodríguez, en su primera rueda de prensa tras ser implicado en el caso 'Mis Pollitos'.

El equipo de Gobierno no recurrirá la resolución que anula el contrato del bus urbano, el más grande adjudicado en la era Mañueco. En su lugar, dejará que sea la concesionaria la que vaya a los tribunales.

El equipo de Gobierno de Fernández Mañueco va a delegar en la empresa privada a la que adjudicó el contrato del bus urbano la responsabilidad de defender lo que el Ayuntamiento de Salamanca ya admite que hizo mal... y que fue precisamente la adjudicación de este millonario contrato a una concesionaria que le 'debe' un negocio de 144 millones de euros. Así lo tiene decidido el gobierno 'popular' que este martes debe dar algún detalle más en comisión informativa, aunque la estrategia ya parece clara.

 

La 'idea' del equipo de Gobierno es recurrir 'por vía interpuesta' utlizando a la empresa concesionaria, tal y como ya ha admitido en órganos municipales. El motivo es que está descartado hacer un recurso desde el propio Ayuntamiento porque los servicios jurídicos municipales no lo recomiendan; en un informe verbal han expuesto que el recurso de casación tendría muy difícil prosperar. Así se concluyó tras estudiar el fallo que anulaba el contrato en una comisión extraordinaria que exigió al equipo de Gobierno un análisis de las posibilidades y del coste económico.

 

En este caso, el equipo de Gobierno sólo tenía dos alternativas: recurrir o anular el pliego de condiciones y repetir la licitación. Descartado el recurso, parecía que no quedaba otra que admitir el error. De hecho, con la decisión de no recurrir el Ayuntamiento de Salamanca viene a reconocer que era cierto todo lo que se imputó desde el primer día al contrato: que era ilegal y que estaba pensado para que se lo llevara una empresa concreta, la que llevaba prestándolo 30 años. Pero Fernández Mañueco no podía dar su brazo a torcer tan fácilmente.

 

La solución ha sido 'delegar' en la empresa directamente interesada, Salamanca de Transportes, la responsabilidad del recurso en el que defender el negocio que se le otorgó hace unos años. Según las fuentes consultadas, este es el camino por el que se ha optado y que tiene varias ventajas. El equipo de Gobierno no tiene que saltarse las recomendaciones del equipo jurídico con un recurso sobre el que no hay garantía de éxito, y tampoco una ulterior desestimación del recurso. No corre ese riesgo, pero sí logra algo que necesita: tiempo, que pasen algunos meses para intentar que la decisión última no salpique la campaña de Fernández Mañueco a la Junta.

 

 

El 'legado' de Mañueco

 

Sea cual sea el destino final del contrato, la realidad es que la solución definitiva va a quedar, probablemente, para el próximo alcalde. Será el legado que le deje Fernández Mañueco al nuevo inquilino de la alcaldía, de su propio partido o del que llegue. Una herencia judicial que está engordando con los varios contratos que están judicializados: 180 millones en procedimientos dudosos.

 

Cuando el día 3 de abril de 2014 se adjudicó por doce años y 144 millones en total, ya habían surgido voces que avisaban de que se trataba de un pliego de condiciones de 'miras estrechas'. Los requisitos parecían pensados para una empresa concreta, la que entonces ya tenía el servicio y lo había prestado 30 años, y que a la postre lo renovaría como única concurrente gracias a la ausencia de un competidor acreditado, el grupo Globalia, que, según los criterios municipales, no llegaba a las exigencias de un contrato de bus urbano... cuando es el mayor operador privado de viajes de España.

 

Todo esto lo anunció el PSOE, entonces único grupo de la oposición en el pleno del Ayuntamiento de Salamanca. Advertencias que no fueron escuchadas en ningún momento y que se han hecho realidad. Primero, el pasado octubre cuando un tribunal administrativo anulaba el proceso por no haberlo publicado en un boletín europeo de licitaciones públicas. Y ahora, tras anularlo el TSJCyL, pero ya de plano, no por una cuestión procedimental, sino admitiendo que el pliego impedía la concurrencia de más empresas que la concesionaria. Una doble anulación que deja en entredicho la política de contratos del consistorio justo con el más cuantioso. Un asunto espinoso que quedará para el próximo alcalde.