Desmantelan una red por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral
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Desmantelan una red por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral

Guardia Civil. (Foto: Archivo).

Las víctimas acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas. Entre las diez personas liberadas, se encuentra una menor de 15 años en avanzado estado de gestación.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Rumanía, han desarticulado una organización criminal formada por ocho personas de una misma familia en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor acusadas de captar a personas en Rumanía para explotarlos en labores agrícolas, de las cuales tres han ingresado en prisión preventiva.

 

Según concreta la Benemérita y la Policía en un comunicado conjunto, las víctimas acudían a España bajo la promesa de un trabajo digno y de unas condiciones de vida prósperas, pero los miembros del grupo aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales. Entre las diez personas liberadas, se encuentra una menor de 15 años en avanzado estado de gestación.

 

El origen de la investigación se remonta a junio de 2019, al tener conocimiento de dos denuncias interpuestas por dos víctimas en las localidades de Villena (Alicante) y Coria del Río (Sevilla). Si bien las denuncias parecían no estar relacionadas debido al gran margen espacial y temporal, los investigadores encontraron nexos de unión como el 'modus operandi' utilizado para la captación de las víctimas, nacionalidad de los autores, así como coincidencias en lugares donde eran retenidas y explotadas laboralmente entre otros.

 

Fue entonces cuando los agentes de ambos cuerpos policiales aunaron esfuerzos para coordinarse e investigar los hechos, siendo fundamental para el éxito de la investigación la información facilitada por la Policía de Rumanía a través de la División de Cooperación Internacional por la Agregaduría de Interior.

 

SOMETIDOS A VIGILANCIA Y CONTROL ESTRICTOS

 

A raíz de estas informaciones se pudo comprobar que desde su llegada a España a los trabajadores les era retirado su pasaporte y el teléfono móvil, siendo retenidos en las plantas superiores de los domicilios que ocupaban los miembros de la organización. Estas personas además eran empleadas en labores agrícolas, imponiéndoseles condiciones laborales injustas de hasta más de diez horas diarias y lucrándose de esa situación de especial vulnerabilidad que presentaban.

 

Tras una exhaustiva investigación, los agentes comprobaron que los supuestos autores pertenecían a una organización criminal formada por una familia de nacionalidad rumana perfectamente estructurada, que captaba a los trabajadores en origen para su explotación laboral en fincas agrícolas de la provincia de Sevilla. Cada persona contraía con la organización una deuda de 500 euros para formalizar la situación laboral, así como gastos de alimentación y alojamiento, los cuales eran descontados del precario salario que no recibían al tener que liquidar los intereses que generaba la deuda contraída.

 

Los miembros de la organización además adoptaban medidas de vigilancia aislando por completo a las víctimas no permitiendo que contactaran con sus familiares o salir del domicilio sin vigilancia.

 

LIBERACIÓN DE DIEZ PERSONAS EN CONDICIONES INHUMANAS

 

Con toda esta información disponible, el 23 de diciembre los agentes efectuaron en el marco de la operación Flowerpot-Litter dos registros simultáneos en la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, procediendo a la detención de ocho personas y consiguiendo la liberación de otras diez que se encontraban hacinadas sobre colchones y mantas sucios dispuestos sobre el suelo, careciendo de electricidad y agua caliente, pudiéndose comprobar las deficientes condiciones de habitabilidad e insalubridad en las que convivían. Entre las personas liberadas se encontraba una menor de 15 años en estado de gestación bastante avanzado.

 

En los registros se han intervenidos además de la documentación personal de las víctimas, hasta un total de 25 teléfonos móviles que se hallaban apagados y sellados en una bolsa bajo la custodia de los miembros de la organización, así como otros efectos y dispositivos de almacenamiento de datos.

 

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, y a uno de ellos además usurpación de estado civil.

 

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión para tres de los miembros de la organización.

 

 

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