De los impuestos a la seguridad vial: todas las asignaturas de un curso político crucial para Mañueco

El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco.

La veintena de asuntos que van a tener ocupado al alcalde en Salamanca.

Tras el primer fin de semana de Ferias y Fiestas y el pleno de trámite de septiembre, es tiempo de retomar la actividad municipal aletargada desde hace varias semanas. Tras la previsible 'tregua' de un verano que coincidía con la mitad del mandato, Fernández Mañueco tiene que ponerse manos a la obra con una serie de cuestiones municipales que sumar a sus 'otras' obligaciones al frente del PP y como nuevo 'jefe' de los populares en Cortes. Algunas de las asignaturas fundamentales de este curso 2017/2018 urgen.

 

El más acuciante es el acuerdo por las ordenanzas fiscales. Entre el verano y otras cuestiones, PP y C's han retrasado su habitual pacto por los impuestos que, en los dos últimos años, dejaron resuelto antes del verano. Esta vez no es así porque las elecciones están cada vez más cerca y los 'naranjas' se van a poner exigentes. La 'línea roja' es nada menos que una bajada de impuestos, en concreto, del más honeroso para los salmantinos, el IBI. Mañueco ofrece la congelación hasta 2019, pero C's quiere rebajar la presión fiscal. De momento, el primer paso lo ha dado el PSOE al aprobar una comisión para estudiar la bajada de este y otros impuestos que ahogan a los salmantinos.

 

Detrás del acuerdo por las ordenzas fiscales deben venir el pacto por el presupuesto de 2018. Es imprescindible firmar antes los impuestos y luego, hablar de las cuentas. El 1 de enero es la fecha tope para tener presupuestos, algo que se antoja imprescindible para la tranquilidad de Fernández Mañueco en los otros escenarios políticos que requieren su atención.

 

Antes de que acabe septiembre se debe celebrar la segunda edición del debate del estado de la ciudad. El primero decepcionó un poco porque Mañueco se limitó a proponer cuatro pactos de los que nada se ha vuelto a saber y luego dejó que los portavoces se pegaran con su 'hombre de hierro' en el Ayuntamiento, Fernando Rodríguez.

 

Entre los pactos prometidos, hay que retomar el pact por el urbanismo y la vivienda. Los grupos le han pedido insistentemente un plan de regeneración urbana que apueste por la rehabilitación y que abandone las actuales políticas de vivienda, centradas en la promoción y no en el alquiler.

 

Casi sin tocar está el pacto por la seguridad vial que fue presentado en forma de un compendio de medidas que están muy lejos de ser un documento cerrado. De hecho, el equipo de Gobierno se afana para que la oposición le haga aportaciones y cerrar una propuesta que vaya más allá de las medidas aisladas que ha presentado. Medidas que olvidan problemas endémicos como la doble fila escolar y que son según el PSOE "humo" porque no tienen presupuesto ni aval de los técnicos. El pacto incluye la ubicación de nuevos radares que, de momento, fueron un globo sonda.

 

El caso más sangrante es del del pacto por el empleo. El alcalde se apresuró en aquel debate a presumir de la bajada del paro, olvidando como después le recordaron varios portavoces que Salamanca había perdido 20.000 jóvenes en pocos años. Desde la última campaña, Fernández Mañueco ha dicho situar el empleo en el centro de sus prioridades, pero la realidad es que no se ha sabido nada del pacto local por el empleo. Ha corrido la misma suerte que la mesa por el empleo, idea personal del alcalde que ni siquiera se convoca, o la mesa del diálogo social, que celebra a regañadientes una vez al año.

 

En octubre llega uno de los principales frentes en los juzgados con las declaraciones por la 'operación Lezo'. Tienen que acudir a la Audiencia Nacional Ignacio González, su hermana y su socia en el caso de las guarderías infantiles de Salamanca. Ya veremos en qué quedan las revelaciones del expresidente de Madrid sobre el alcalde salmantino.

 

El consistorio tiene que resolver el caso de los 'morosos' de MercaSalamanca, los empresarios que deben cerca de un millón de euros a la empresa municipal porque se niegan a pagar las cuotas para usar la instalación. Se les mandó una carta para que paguen con un plazo exiguo: este asunto puede acabar en los juzgados.

 

También hay que vigilar que avancen dos obras fundamentales como el nuevo vial del Hospital, que tiene que estar licitado este años (y no despistarse del avances de las obras hospitalarias) y el nuevo Victoria Adrados, que tiene que empezar ya sus obras porque lleva dos años de retraso sobre lo previsto: se anunció que iba a estar en verano de 2017.

 

Antes de abril habrá que darle una salida al caso El Corte Inglés. Para entonces expira la moratoria de dos años que ofreció la Junta para que el asunto del edificio, que carece de licencias y que tiene anulado todo su sustento urbanístico legal, tuviera una solución. No parece que se vaya a encontrar porque la oposición tiene muy claro que no le gusta lo que propone Mañueco, un acuerdo para que Defensa ceda terreno.

 

Habrá que ver cómo evoluciona el escándalo del Corona Sol. El polémico edificio tiene una sentencia firme en contra que anula de manera definitiva la licencia concedida por el Ayuntamiento que le permitió el cambio de uso de residencial a hotel. Si el resto de licencias ya anuladas, pero recurridas, sigue el mismo camino puede que el alcalde no tenga más remedio que actuar contra esta flagrante ilegalidad.

 

En cuanto a actuaciones, va tarde ya la rehabilitación de la pesquera de Tejares, que tiene todos sus trámites a punto y que, más de dos años después de su derrumbe, debe empezar a ver la luz. Hay que revitalizar el pacto por el ocio nocturno, que no ha avanzado nada tras el escándalo de las fiestas sexuales; y la comisión municipal sobre el barrio de San José, que no funciona a pesar de que van apareciendo algunas soluciones.

 

Además, hay que sacar adelante el nuevo contrato de parques y jardines y el del arreglo de calles, sobre los que ya se trabaja, tarde porque están prorrogados; y el de señalización vertical, más de dos años caducado. Y por último, los retos europeos. Hay que poner en marcha el plan Tormes+, sobre el que sólo sabemos que se va a contratar externamente su desarrollo. Y probar de nuevo en la convocatoria de fondos para el puerto seco de Zaldesa.