Contratos por más de 26 millones al año escapan a una fiscalización seria del Ayuntamiento

El alcalde de salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el teniente de alcalde, Carlos García Carbayo.

El 'agujero' en las piscinas o el Multiusos y denuncias a las concesionarias de buses o del arreglo de calles ponen en evidencia un control 'ligth' de lo que hacen empresas privadas con servicios y equipamientos públicos.

El capítulo de los servicios e instalaciones públicas que gestionan las empresas privadas es uno de los más grandes del Ayuntamiento de Salamanca. Las concesionarias no sólo asumen cuestiones importantes que corresponden a lo público, sino que la factura que pasan al municipio es muy abultada. Sin embargo, el nivel de control sobre lo que hacen y, especialmente, sobre si cumplen todo aquello a lo que están obligadas se presenta como muy reducido.

 

Así lo atestiguan casos recientes, como el 'agujero' de las piscinas municipales, 6 millones de euros en obras valorada por los técnicos municipales y que Eulen dejó sin hacer; el problema del Multiusos, que requiere obras por 1,2 millones de euros tras un trayectoria errática en la que se han sucedido empresas y que ha acabado con un importante deterioro de la instalación que ahora pagarán, de un modo u otro, los ciudadanos. Y que también ha arrojado casos como las denuncias de que las empresas del bus o del arreglo de calles estaban funcionando con menos personal del que dice el pliego de condiciones.

 

 

CONTRATOS MILLONARIOS

 

Todo ello se ha producido de manera incomprensible y deja al descubierto la falta de control sobre los contratos municipales que se firman con empresas concesionarias. Y eso a pesar de la generosa factura que totalizan: más de 26 millones de euros al año entre los principales, más de 250 de ellos comprometidos con las mismas empresas para muchos años. Un importe que no ha sido suficiente como para que el equipo de Gobierno haya llevado a cabo una fiscalización seria.

 

Los diez contratos más importantes en cuantía disfrutan a día de hoy de una fiscalización 'light' que se centra en la licitación del pliego de condiciones, la aprobación del contrato y las condiciones económicas. Muchos fueron, además, sospechosamente blindados antes de acabar la pasada legislatura. Poco más se mira en contratos como el del bus, firmado para 12 años por 144 millones de euros; el de las piscinas, que tiene un valor de 25 millones para la próxima década; el del agua, del que se ocupa Aqualia desde 1996 y que ha sido modificado para compensar a la empresa algunas cuestiones; o el de la ciudad deportiva de La Aldehuela, del que ahora se hace cargo una empresa ajena a la que realizó la reforma. 

 

 

FISCALIZACIÓN PÚBLICA

 

Una fiscalización seria es precisamente lo que ahora le pide el grupo municipal Ganemos Salamanca. A día de hoy, el equipo de Gobierno se limita a llevar a comisión el pliego de condiciones de cada contrato y a gestionar la contratación, pero después no hay establecido ningún mecanismo para controlar cuestiones importantes. La labor del Ayuntamiento parece acabar en cuánto cobra de canon y paga por estos servicios, pero las obligaciones de las concesionarias son mucho mayor. No hay control sobre cuestiones como las obligaciones de mantenimiento, de conservar plantilla, de llevar a cabo inversiones o de cumplir simplemente con el trabajo encomendado o con las mejoras que ofrecen las concesionarias.

 

El grupo municipal Ganemos ha puesto sobre la mesa una propuesta para hacer un control férreo de lo que pasa con las competencias municipales que se ejercitan a través de empresas privadas a las que se concede la gestión. Y negociará con todos los grupos para aplicar criterios de mayor vigilancia a todos estos contratos millonarios.

 

Entre las medidas, plantean que las empresas informes trimestralmente de las labores de mantenimiento que hacen, para evitar un nuevo 'caso piscinas' u otro caso 'Multiusos'; que se controle periódicamente si ejercen con la plantilla que estipulan los pliegos de contratación, tanto en número como en estructura; o que aquellas que reciben ingresos por usuarios, como el bus urbano o La Aldehuela, den cuentas sobre lo que recaudan, algo importanet porque muchas tienen subvencionada la prestación del servicio.

 

De todo ello tendrían que rendir cuentas al interventor municipal, de modo que estarían sometidos al mismo nivel de control que toda la actividad que realiza directamente el municipio.

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