Cómo aplicar el "derecho a morir": los retos de la Ley de la Eutanasia a un mes de su plena entrada en vigor
Cyl dots mini

Cómo aplicar el "derecho a morir": los retos de la Ley de la Eutanasia a un mes de su plena entrada en vigor

Eutanasia. (Foto: Europa Press).

La asociación Derecho a Morir Dignamente estima que entre dos y cuatro personas a la semana se acogerán a la Ley de la Eutanasia en Castilla y León.

Derecho a Morir Dignamente calcula que entre el 1% y el 1,2% de los decesos anuales responderán a la aplicación de la Ley de la Eutanasia una vez que ésta se desarrolle y comience a aplicarse a partir del 25 de junio

El pasado 25 de marzo las Cortes aprobaron una ley cuyo anunciado no deja indiferente a nadie: Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El gran tabú de ayudar a morir a quien no desease seguir viviendo quedaba al fin regulado y al descubierto.

 

La ley concedía un plazo de tres meses para que las autonomías desarrollasen su contenido y buscasen cómo aplicarla. Ese plazo concluye el 25 de junio. Ese día, si las comunidades han hecho su trabajo, cualquier ciudadano podrá acogerse a ella.

 

Fernando Sanz es miembro de la delegación salmantina de la asociación Derecho a Morir Dignamente, una organización federada a nivel nacional que surgió para promover el testamento vital, mejorar la dignidad de las personas a la hora de afontar la muerte… Sanz recuerda que aquellos días de marzo se vivieron “con alegría, porque lo esperábamos desde hacía tiempo, y con preocupación para estar a la altura, aportar y lograr que se desarrolle una opción tan importante. Un derecho no nace todos los días”. Porque efectivamente, la ley reconoce la eutanasia como “un derecho que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios”. Ese es el contexto en el que ley reconoce la posibilidad de acogerse a la eutanasia.

 

Pero del dicho al hecho hay un largo camino. Las regiones “han de traducir la Ley Orgánica a los contextos legales de sus ámbitos. En un país con una sanidad universal se debe implantar la ayuda a morir como una prestación sanitaria más. Es muy complejo y muy delicado. Estamos trabajando con las Comunidades, aportando nuestra experiencia y puntos de vista. La experiencia de cómo se ha desarrollado en países con una legislación consolidada También hemos conversado con personas que llamaban porque querían la eutanasia y conocemos la realidad de gente que llega a tal situación en la que cree que sólo puede salir mediante la muerte”.

 

La asociación ha estimado incluso cuánta gente podría acogerse a la eutanasia basándose en la experiencia de otras naciones como Canadá o los Países Bajos. “Dentro de lo difícil que es, hemos visto la casuísitica de los fallecimientos de los países que han legislado la eutanasia y hemos visto la tasa de solicitud en los primeros años de su aplicación. En Holanda, por ejemplo, entre un 1% y un 1,2% de las muertes anuales durante los primeros años fueron por eutanasia. Si se extrapola a Castilla y León, obtenemos un rango de entre dos y cuatro solicitudes a la semana. Es una estimación inicial” y como tal tiene un margen de error que el tiempo acabará ajustando.

 

Los cuatro grandes retos

 

El enunciado y el espíritu de la Ley están claros, pero los desafíos para ponerla en marcha son interminables. La Junta ha creado un grupo de trabajo para este tema que analiza todas las dudas que genera la aplicación de la Ley. Las delegaciones regionales de Derecho a Morir Dignamente “hicimos una lectura detenida y profunda de la Ley y redactamos varias propuestas para su desarrollo. En ese documento explicamos los puntos más difíciles para desarrollar la ley y nuestras sugerencias al respecto”.

 

Fernando Sanz resume cuáles son esos cuatro aspectos más conflictivos de la normativa, de acuerdo a la interpretación de la asociación. El primero es el “mecanismo de control previo” que establece la Ley, que no existe en ninguna otra legislación internacional. Cada Autonomía tendrá una comisión de garantía y evaluación “que decidirá si cada caso se ajusta a las exigencias de la ley. No hay referentes de esas comisiones”. Es un organismo ex novo nacido de esta Ley Orgánica y, literalmente, hay que ‘inventarlo’.

 

El segundo punto de fricción nace de la naturaleza de la propia norma. Es una Ley Orgánica “y en algunos aspectos no concreta mucho o tiene aspectos que pueden quedar no muy claros, como por ejemplo hasta qué punto el solicitante de la eutanasia ha de hacerlo ante un determinado médico o puede elegir, o cómo manejar la objeción de conciencia. La Ley añade una nueva faceta a la tarea de los médicos”.

 

 

 

En tercer lugar está la cuestión de dónde aplicar el derecho a morir. “Se puede prestar en domicilios o instalaciones sanitrias. En la mayor parte de los procesos en otros países es en las casas, pero está la cuestión importante de los potenciales demandantes que vivan en residencias. ¿Qué pasa con esos procedimientos, con Sacyl, con los médicos del centro…?", se pregunta Sanz.

 

La cuarta incógnita a resolver es la difusión de la Ley “a dos niveles: el público, que es conocer el derecho y cómo se maneja; y el de los profesionales, que han de añadir una actividad compleja y esporádica a su trabajo. Es un proceso con ribetes de reacción personal y de conciencia”. Aquí rebrota el tema de la objeción de conciencia y de cómo manejarla, porque puede haber facultativos que se nieguen a aplicar la eutanasia.

 

Qué sucede con la objeción de conciencia

 

La objeción de conciencia merece un capítulo aparte. Fernando Sanz opina que “es difícil regular la objeción de conciencia, porque nunca se ha regulado en España. Surgió de forma abrupta con la Ley del Aborto, pero no se legisló. Hubo objeciones masivas, pero sin normas ni marco legal”. La Ley de Eutanasia “establece un registro de objetores. Nos parece que es un arma de doble filo, porque puede recoger tanto a personas que objetan de forma radical y que nunca estarán dispuestas a asumir demanda de un paciente; pero en muchos casos y como hemos visto en otros países, la objeción no es global, sino que se objeta a casos concretos. Tendría  que estar abierta la posibilidad de que un sanitario objete en un momento dado por casos concretos, reservándose la posibilidad de actuar en otros casos”. La objeción “es una cuestión personal, no institucional. Un servicio, un hospital o una residencia no pueden objetar. Y afecta sólo a los intervinientes. Hay personal médico que no puede objetar porque no interviene en la prestación de este derecho. Es una cuestión muy delicada” porque colisionan el derecho a la objeción con el derecho a la eutanasia.

 

Finalmente, cabe señalar que la Ley de Eutanasia puede causar problemas en otros organismos, como el registro de instrucciones previas, en el que los ciudadanos pueden dejar por escrito algunas instrucciones sobre qué medidas paliativas quieren que se le aplique en caso de que ellos no puedan transmitirlas. Sanz comenta que la nueva ley “permite que la petición de ayuda a morir se haga mediante instrucciones previas. Una persona puede dejar una instrucción sobre en qué casos se entiende que pediría ayuda para morir. Puede que haya gente que se sienta invitada a hacer testamento vital para incluir esas instrucciones o que quien o haya hecho lo modifique y eso podría causar una sobrecarga de los registros de los testamentos vitales, que hasta ahora funcionan muy bien”.

 

La comisión de garantía y evaluación, la objeción de conciencia, las instrucciones previas… hay muchos frentes abiertos y la asociación Derecho a Morir Dignamente va a echar una mano en lo que pueda, pero insiste en quedentro de un mes tiene que estar a disposición de los ciudadanos. La Ley tiene un desarrollo muy amplio por delante, en el que también queremos estar presentes”. Si no hay retrasos, la Ley estará desarrollada y empezará a aplicarse el 25 de junio.