Ciolos está "abierto a discutir" de nuevo el fin de los derechos de plantación de viñedos

El comisario prepara para el próximo año un informe detallado sobre la situación del sector
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, se ha mostrado "abierto a discutir" de nuevo la liberalización de los derechos de plantación de viñedos a partir de 2015, a la que se oponen varios Estados miembros incluido España, pese a que en ocasiones anteriores había considerado "inútil" retomar este debate.

Ciolos ha respondido así en una sesión de control en el pleno del Parlamento Europeo, a una pregunta de la eurodiputada española del Partido Popular Esther Herranz.

El comisario prepara para el próximo año un informe detallado sobre la situación del sector y entonces será la oportunidad de los Veintisiete y de la Eurocámara de reabrir la discusión sobre el fin del régimen de derechos de plantación. Con todo, Ciolos ha advertido de que fueron los gobiernos europeos los que pactaron en la reforma de 2008 la liberalización del sector a partir de 2015.

En su intervención, Herranz ha dicho que el Parlamento Europeo es contrario a la eliminación de los derechos de plantación y ha preguntado al comisario si puede ser "optimista" respecto a que se tendrá en cuenta esta opinión en el informe que prepara Bruselas para 2012 sobre el impacto de la reforma.

"Estoy abierto a que esa cuestión se discuta de nuevo y si hay forma de vincular ciertas zonas vitivinícolas con la calidad del vino y los derechos de plantación, estoy dispuesto a que se vuelva a discutir", ha insistido el comisario, tras recordar que la Euroámara ha ganado el derecho de codecisión en este tema.

En mayo pasado, Ciolos fue preguntado por este debate tras una reunión con los ministros de Agricultura de la UE y consideró que se trata de una "discusión inútil" porque los países ya "renunciaron" a estos derechos en la reforma del sector vitivinícola.

Un grupo de países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Portugal y España, han expresado su preocupación por los riesgos para el sector si el régimen actual expira, tal y como está previsto, en 2015, pese a la posibilidad de prorrogarlo hasta 2018 con la que ya cuentan los gobiernos europeos.