Catalá 'despeja' las dudas del PP salmantino para incluir a sus imputados en las listas municipales

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el presidente de la Diputación y el diputado de ferias. Foto: Alba Villar

Vía libre para poder confirmar a los investigados por los despidos de la agropecuaria y la trama Diputación, que habían sembrado incertidumbre en torno a la futura composición de la Diputación, de listas de la provincia y hasta de la de la capital.

La decisión de incluir o no en las listas de las municipales a los varios cargos electos que están imputados por casos vinculados a la corrupción es una de las cuestiones con las que el PP de Salamanca ha tenido que lidiar en las últimas semanas. El partido no cuenta con una doctrina excluyente, aunque en su reglamento exige un comportamiento honorable de sus candidatos. Algo que ha sembrado algunas dudas sobre el futuro de tres cargos electos y también del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, no imputado, pero que ha asumido la autoría de un documento que probaría una presunta financiación ilegal.

 

Sin embargo, el horizonte de algunos de ellos se ha abierto por completo con las últimas decisiones impulsadas por el partido en el Gobierno. La fundamental, el punto en el que se ha puesto la línea a partir de la cual lo cargos tendrán que dimitir por casos de corrupción. Ese punto procesal es la apertura de juicio oral, cuando a un imputado se le acusa de un delito concreto y se fija fecha para juicio. Este critero es el que ha establecido el actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, que este jueves lo defendió no solo para los cargos electos, sino para la elaboración de las listas de candidatos. Y que es el que llegó a defender su antecesor, Albero Ruiz Gallardón, que llegó a hablar de bajar el límite hasta la imputación y que puso a muchos cargos al borde de quedarse fuera de las candidaturas.

 

El presidente de la Diputación, junto al ministro de Justicia en el salón de plenos.

 

 

Aquel episodio data de hace casi un año y aunque Gallardón ya no es ministro se ha mantenido el cambio que impulsó para la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Y así se ha quedado tras las negociaciones entre PP y PSOE, a pesar de las quejas del resto de grupos políticos. Su aplicación para las listas parece el respiro definitivo que esperaba el PP local para dar el paso de repetir con sus imputados en las listas.

 

Y es que sigue sin parecer que los afectados las puedan tener todas consigo, al menos, no todos. Javier Iglesias ya avanzó que no repetiría en Ciudad Rodrigo, pero es más que probable que entre en la lista de la capital a pesar de que está imputado desde hace año y medio en el caso de los despidos de la agropecuaria, que le ha llevado dos veces a los juzgados por el despido en dos ejercicios de varios trabajadores habituales para supuestamente contratar a otros afines al partido. Los despidos ya se declararon improcedentes. El caso tiene al borde del juicio oral y de ser acusados de delitos como prevaricación y tráfico de influencias a Iglesias y a su diputado de Ferias, Jesús María Ortiz, que está pendiente a su vez de repetir como candidato a la alcaldía de Barruecopardo.

 

En la misma situación está Carlos García Sierra. El vicepresidente de la diputación está imputado como querellado en el caso de las contrataciones irregulares en el área de Fomento junto al todavía director de ese área de La Salina, Manuel Borrego. Y García Sierra ha sido llamado también a declarar por un escándalo vinculado, el de los gastos de cenas y comidas en fin de semana que el funcionario cargó a fondos públicos.

 

El último caso, diferente, es el del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Rodríguez. No está imputado en nada, pero su nombre está vinculado al denominado caso de los papeles del PP de Salamanca, un documento con su letra en el que se apuntan aportaciones de empresas a la campaña de las municipales de 1999. Estos pagos, algunos con la letra 'b' al lado en las anotaciones, las habrían hechos empresas concesionarias de servicios públicos, algo ilegal. El hecho de que Rodríguez haya vuelto a ser designado como coordinador de campaña refuerza la idea de que, pese a todo, repetirá en las listas.