Caso PGOU: una historia interminable de 9.000 folios

García de Coca y otros imputados en el 'caso PGOU' vuelven a recurrir por falta de documentación de la causa. La Fiscalía pide 30 años a trece encausados, pero los recursos no dejan avanzar el proceso.

El juicio por el denominado 'caso PGOU', relativo a presuntas modificiaciones de la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid en favor de determinados empresarios, lleva rumbo de convertirse en términos cinematográficos en una 'historia interminable' como consecuencia de los continuos recursos de los investigados, que siguen sosteniendo que buena parte de lo actuado aún no ha sido puesto en sus manos.

 

Después de la última providencia del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que emplazó hace unos días a los abogados de los imputados para que presenten sus respectivos escritos de defensa en un plazo de treinta días, una vez remitido a todas las partes un último 'pendrive' con documentación de la causa, son varias las defensas que han vuelto a recurrir por entender que dicho trámite no se ha llevado a término.

 

Así, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, el principal inculpado, el ex concejal de Urbanismo José Antonio García de Coca, y el arquitecto municipal Luis Álvarez Aller, también investigado, han presentado recurso en el que alegan que un sinfín de documentos, más de trescientos, aún no les han sido entregados por el Juzgado de Instrucción número 1, mientras que otro de los presuntamente implicados, el empresario Ramón Herrero Merino, sostiene incluso que no ha tenido acceso todavía a un solo documento, de ahí la imposibilidad de elaborar su escrito de defensa.

 

Los recursos tendrán que ser resueltos por el instructor y, caso de ser rechazados, subirán a la Audiencia de Valladolid para que sea dicho tribunal el que decida, con lo que el proceso podría volver a sufrir un nuevo retraso, y ello a pesar de que estaba previsto que este próximo mes de julio la causa completa, compuesta por más de 9.000 folios, pasara a la Sección Cuarta de lo Penal para designar ponente, pronunciarse sobre la admisión o no de las pruebas propuestas por las distintas partes y, además, fijar las fechas para la celebración del correspondiente juicio. Con carácter provisional, Fiscalía de Valladolid solicita un conjunto de penas que se eleva a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios, por su presunta implicación en la alteración del PGOU, principal herramienta de planeamiento urbano de la capital.

 

A los imputados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

 

 

DIFERENTES PENAS

 

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

 

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Incluye también en el listado de imputados, con peticiones de 2,5 años, multa de 4.500 euros y 18 meses de inhabilitación para actividades relacionadas con la vivienda, a los empresarios Gonzalo Jolín, vinculado a una operación inmobiliaria en la Avenida Madrid; Ramón Herrero Merino, administrador de Área Especial, S.L, junto con María Pilar López Mazariegos y Francisco Capellán Barbado, relacionados con la construcción del hotel de cinco estrellas Marqués de la Ensenada en los terrenos de la antigua fábrica de harinas La Perla, a quienes acusa de inductores en un delito de falsedad y otro de tráfico de influencias.

 

Por su parte, para José Ángel Astorga y Antonio Roberto Pastrana, socios de Parkosa, solicita dos años de prisión para cada uno por sendos delitos de tráfico de influencias, mientras que para los hermanos José Luis y Eduardo Javier González Torres y José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), socios los tres de Grupo Capitol, les imputa un delito de tráfico de influencias y se expone cada uno a ocho meses de prisión.

 

La acusación popular en esta causa, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ya presentó también su escrito de calificación en la que las penas más elevadas las solicitó igualmente para García de Coca, en concreto seis años de cárcel, y los también integrantes de la cúpula de Urbanismo en aquella época, Modesto Mezquita y Álvarez Aller, a quienes pide penas de cuatro años.