Bienestar social intenta recuperar 23 pisos municipales habitados sin contrato y con deudas desde hace décadas
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Bienestar social intenta recuperar 23 pisos municipales habitados sin contrato y con deudas desde hace décadas

Calle Maestro Soler (Foto: E. P.)

El área social del Ayuntamiento inicia un proceso para asegurar a inquilinos de viviendas en precario un contrato de alquiler social, pero se encuentra con casos conflictivos: tendrá que suspender el uso en algunos casos.

El área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Salamanca va a intentar recuperar una veintena de pisos sociales repartidos por la ciudad en el que están alojadas personas a las que no se concedieron, pero que las ocupan sin contrato e incluso habiéndolas heredado sin ser los propietarios. Un proceso que va a obligar a suspender los contratos de cesión 'en precario' para incorporar a los inquilinos al programa de alquiler social, al que pasarán todos los que cumplan los requisitos porque "no se va a dejar a ninguna familia en exclusión en la calle". Sin embargo, hay 23 casos potencialmente conflictivos en los que las viviendas son utilizadas por inquilinos con deudas con las arcas municipales pero que, por contra, superan los ingresos previstos para estar en un piso social.

 

Se trata de viviendas de titularidad municipal, en los barrios de Buenos Aires, Pizarrales y San José, cedidas en su día, hace 30 años, para alojar a personas que venían de chabolas o en gran exclusión social, y que han quedado en un limbo al que ahora se va a poner solución: los contratos 'en precario', inexistentes en algunos casos o que no respetan las condiciones originales, se suspenderán y todos los que cumplan pasarán a alquiler social con contrato.

 

La situación ha surgido cuando se ha querido contar con estas viviendas, propiedad del Ayuntamiento de Salamanca, para el programa de alquiler social. Este cambio ha obligado a regularizar el derecho a uso por parte de los que las habitan, y ha sido en ese momento cuando el consistorio se ha encontrado con una situación irregular ya que los casos más conflictivos son personas que no cumplen con los requisitos y que tienen ingresos superiores a los que se exigen para acceder a uno de estos pisos.

 

Según ha explicado la concejala de Bienestar Social y primera teniente de alcalde, Ana Suárez, estos inquilinos no cumplen los requisitos para estar en estos pisos en régimen de alquiler social "pero no se va a dejar en la calle a nadie ni a ninguna familia que esté en vulnerabilidad social". El objetivo es regularizar la situación y dar a estos inquilinos contratos legales y la cobertura social completa que necesitan.

 

Inquilinos sin contrato

El asunto es complejo y se refiere a las denominadas viviendas en precario. Se trata de pisos que se habilitaron hace 30 años como solución para personas y familias en riesgo de exclusión y a las que se les concedió su uso 'en precario' por cinco años. En la década de los '90, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca suscribieron un convenio de colaboración para proporcionar viviendas a personas y familias en situaciones graves de exclusión social, caracterizada por chabolismo, infraviviendas y hacinamiento. La solución fue ceder viviendas por un tiempo. Sin embargo, la situación se ha mantenido durante décadas.

 

En 2014 se diseñó un nuevo programa de acceso a vivienda que se aprobó en 2017 y que priorizaba el alquiler social, pagando los inquilinos un precio reducido, incluso con ayudas municipales de otro tipo, a cambio de requisitos como buscar activamente empleo o escolarizar a los menores. También hay requisitos de renta para acceder a estas viviendas y es obligatorio no tener deudas de impuestos o multas. El lista de las disponibles está compuesto por 73, pero a la hora de incluirlas en los programas de alquiler ha habido problemas con algunas.

 

En concreto, hay 42 que siendo de propiedad municipal no han podido pasar al programa de alquiler social por las dificultades para determinar con precisión las personas adjudicatarias. La casuística es variada, pero se ha encontrado que en algunas viven personas sin contrato; en otras viven familiares de personas a las que se cedió la vivienda en su día, pero que ya fallecieron; residen exparejas, personas de matrimonios separados, nietos... E incluso duplicidad de contratos. Están todas en los barrios de Buenos Aires, Pizarrales y San José, que concentra la mayoría, treinta.

 

Localizar a los inquilinos

El problema es que el plan contemplaba pasar todas las viviendas 'en precario' a alquiler social antes de mayo de 2020. Y una situación adicional: hay personas ocupantes en precario con posibilidades de ejercer la “usucapión extraordinaria” de las viviendas, es decir, se las podrían quedar si acreditan que llevan más de 30 años residiendo en ellas de forma ininterrumpida. Hay ocho viviendas en esta situación: en una ya se han superado esos treinta años de residencia y en otras siete está a punto, llevan entre 26 y 28 años.

 

El Ayuntamiento de Salamanca ya se ha puesto en contacto con los inquilinos de 39 de las 42 viviendas y en todos los casos se requiere documentación que llega incompleta. Se cita a los inquilinos para entrevista y para que aporten documentos, 33 lo hacen, pero el resto no: cuatro no llegan a entregar nunca la documentación (las cuatro están en la calle Maestro Lidón) e incluso dos no llegan a acudir a la cita.

 

23 casos sin solución

En los 42 casos se va a llevar a cabo un procedimiento extraordinario para que los inquilinos puedan estar en régimen de alquiler social y no 'en precario', una figura de hace 30 años. El problema ha surgido con 23 casos en los que los inquilinos no cumplen requisitos para formalizar los nuevos contratos, casos que evidencian un reguero de irregularidades de difícil solución y situaciones sociales complejas. Buena parte de ellos están en la calle Maestro Soler, en el barrio de San José, escenario de un tiroteo mortal hace meses, formando un núcleo potencialmente conflictivo

 

De estos 23 casos, algunos tienen deudas importantes con el OAGER, pero se sospecha que no es que tengan dificultades económicas, sino que no pagan: doce de ellos están en esta situación con deudas superiores a los 250 euros. En muchos casos, además, estos mismos inquilinos con deudas de impuestos superan los ingresos máximos previstos para acceder a uno de estos pisos. Algunos no tienen contrato o no cumplen otros requisitos. A todos ellos, se les tendrá que notificar que no procede que sigan ocupando estas viviendas.