Berkeley recalca que el proyecto de Retortillo no causará ningún efecto nocivo al medioambiente ni a las personas

La empresa minera acusa a Stop Uranio que "nuevamente extrae frases sueltas sacándolas de contexto a la hora de referirse a las competencias".

Tras el último comunicado de Stop Uranio, la empresa Berkeley Minera España ha enviado un comunicado para manifestar que nuevamente nos encontramos ante una clara manipulación de información en la que se sacan frases sueltas de su contexto con el claro objeto de crear confusión en la población.

 

Nadie pone en duda que las actividades de investigación y extracción de recursos minerales de uranio, al igual que cualquier otra actividad industrial, puede dar lugar a riesgos para las personas y el medioambiente en el caso de que no se hagan de manera correcta, aunque en nuestro caso es exactamente al contrario, tal y como ya han conformado las autoridades competentes en cada materia.

 

La plataforma Stop Uranio ha lamentado que "la disparidad de criterios a la hora de saber quién es el competente para evaluar las consecuencias para la salud de la mina y planta de Retortillo, es que nadie se ha preocupado en estudiar la incidencia de la planta de concentrado de uranio en la población que vive alrededor de esa instalación radiactiva".

 

Por otra parte, Stop Uranio nuevamente extrae frases sueltas sacándolas de contexto a la hora de referirse a las competencias. Efectivamente, "la competencia para realizar la evaluación ambiental del proyecto de explotación del yacimiento de Retortillo y Santidad es de la Junta de Castilla y León", y así lo ha hecho a través de la tramitación ambiental del proyecto, habiéndose probado que el proyecto de explotación del yacimiento de Retortillo y Santidad es absolutamente compatible con el entorno en el que se encuentra, no siendo perjudicial tampoco y desde el punto de vista ambiental para ninguna de las actividades que se realizan en el entorno.

 

Por otra parte, la legislación española es concreta en lo referente a la protección radiológica y establece literalmente que "Las autorizaciones o licencias que corresponda otorgar a cualquier administración pública no podrán ser denegadas o condicionadas por razones de seguridad nuclear o protección radiológica, cuya apreciación corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear", es decir, la Junta de Castilla y León se ha pronunciado en referencia a la protección ambiental que es aquello para lo que es competente, pero en materia de protección radiológica no es la Junta de Castilla y León la que se ha de pronunciar, sino el Consejo de Seguridad Nuclear, el cual ya ha decretado que "de acuerdo con las estimaciones realizadas por el CSN en el marco de la concesión de explotación minera y de la autorización previa de la planta de tratamiento, se puede concluir que de acuerdo con las estimaciones realizadas, la explotación de la mina y el funcionamiento de la planta no suponen un impacto a la población por encima de los límites establecidos".

 

Por ello es claro que las administraciones españolas están siendo absolutamente diligentes y están evaluando aquello para lo que cada una es competente, siendo hasta la fecha todas las evaluaciones realizadas positivas, y habiéndose demostrado que el proyecto no causará ningún efecto nocivo, ni al medioambiente, ni a las personas.