Berkeley niega haber presionado para lograr el permiso de la mina de Retortillo en medio de un gran revuelo político
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Berkeley niega haber presionado para lograr el permiso de la mina de Retortillo en medio de un gran revuelo político

Actividad minera de Berkeley

Reconoce que ha pedido una reunión con el Consejo de Seguridad Nuclear para conocer el estado de tramitación del proyecto, que lleva cuatro años pendiente, pero que no ha pedido que se le conceda licencia. El asunto deriva en peticiones de comparecencia en el Congreso y las Cortes de Castilla y León.

La decisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear de hacer públicas varias cartas que ha recibido sobre la mina de uranio de Retortillo ha fijado el foco sobre este proyecto que lleva años de tramitación y que choca ahora con la intención del Gobierno de aprobar una nueva ley de cambio climático que prohibiría este tipo de extracciones en España, por lo que sólo sería posible si el proyecto minero tiene el visto bueno definitivo antes del cambio legal. El asunto ha terminado con la petición de comparecencia en el Congreso por parte del presidente del órgano que tiene que dar el visto bueno al proyecto, precisamente el CSN. Y también con peticiones de información en las Cortes de Castilla y León. 

 

Berkeley Minera España asegura en un comunicado que "de ninguna forma" ha solicitado la autorización del proyecto de minería de uranio en Retortillo sino que pide al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que "se termine" de tramitar el expediente, se haga "con agilidad" y "sin injerencias" de contenido político. Esta es la versión de la minera sobre el revuelo que ha generado la afirmación por parte del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, José María Serena i Sender, de que había recibido presiones de la empresa para conceder la licencia que permite poner en marcha el proyecto de forma definitiva.

 

En una carta del presidente del CSN al diputado de Unidas Podemos Juan López de Uralde a la que ha tenido acceso Europa Press, le informa de "solicitudes e insinuaciones impropias" que el regulador considera "conveniente" hacerle llegar. Además, Serena i Sender en su misiva, firmada el 26 de enero, adjunta cinco cartas recibidas por el regulador entre julio de 2019 y enero de 2021. "Todas ellas" están relacionadas con la evaluación de la solicitud de informe sobre la autorización de construcción de la planta de concentrados de uranio en la provincia de Salamanca, propiedad de la multinacional australiana Berkeley. "Estas cartas contienen en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar", informa.

 

En la actualidad el proyecto está pendiente desde hace cuatro años del dictamen preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la solicitud de autorización de construcción de la mina. El último movimiento data del pasado 20 de julio cuando el CSN renovó la autorización previa para la construcción de la planta minera. El dictamen del regulador es preceptivo en caso de ser favorable, pero no vinculante ya que la decisión final corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Hace unas semanas, el Gobierno bipartito introdujo cambios en la nueva ley energética para no dar autorizaciones a proyectos de minería de uranio en el territorio español. El ministerio tiene pendiente decidir sobre este proyecto.

 

Ante estas informaciones, adelantadas el jueves por el diario El País, Berkeley ha explicado en un comunicado que dentro de la absoluta legalidad y el máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración Pública, ha solicitado una reunión con el organismo en la que se pudiera "comentar y aclarar cuál es el estado de dicha tramitación", dado el "dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto.

 

Su objetivo era "a la vista de los plazos transcurridos", conocer de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo que el CSN ha de emitir respecto a la autorización de construcción solicitada. En ese contexto, recuerda que dicho expediente de autorización lleva "más de cuatro años en tramitación" pero aclara que "de ninguna forma la compañía ha solicitado que se autorice el proyecto, sino que "se termine de tramitar el expediente".

 

Asimismo, añade que "en repetidas ocasiones" Berkeley Minera se ha puesto a disposición del organismo regulador para poderle informar de "forma completa y exhaustiva" sobre el proyecto. En todo caso, insiste en su postura respecto a los plazos ya que estima que después de "más de cuatro años" dicho expediente "debería estar resuelto".

 

Por ello, confía en que a la vista del tiempo transcurrido, el CSN "agilice" el expediente y resuelva con "estricto sometimiento" a la legislación vigente y a los requisitos técnicos que resultan aplicables al proyecto "sin injerencias ni pronunciamientos de contenido político". Por último, manifiesta su "máxima voluntad" de que en el futuro "no se abra ningún conflicto, litigio o contingencia con ninguna institución u organismo" español.

 

Las cartas

La primera de las cartas está firmada en julio de 2019 por el director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Ricardo González Mantero, quien tutea en su misiva al presidente del organismo regulador para recordarle que el proyecto acumula desde 2012 un total de 130 autorizaciones e informes favorables del CSN, al que elogia que ha estado "sumamente involucrado en todo el proceso" desde el origen sin que hasta la fecha haya emitido ningún dictamen contrario.

 

Pero el responsable de minas castellanoleonés se queja de no recibir información desde hace meses al respecto a pesar de las numerosas peticiones "formales" que también enumera. "Desde entonces, por motivos que, lamentablemente, no parecen exclusivamente técnicos, la tramitación se ha detenido", añade el responsable autonómico que recuerda que no hay ningún informe contrario. Asimismo, destaca que Berkeley minera ya ha invertido 80 millones de euros para el proyecto que puede generar, junto a otras solicitudes de actividad minera en la zona, un importante impulso a la actividad económica y laboral de la zona. Por ello, pide que el informe se eleve "urgentemente" al pleno del CSN "ya que se está retrasando la nueva actividad económica y el empleo que la mina va a crear en Salamanca".

 

La segunda de las cartas que el regulador recibe, el 16 de octubre de 2020 está firmada por el presidente ejecutivo de Berkeley Minera España, Francisco de Paula Bellón, quien le una reunión "a la mayor brevedad" para "comentar y aclarar" el estado de la tramitación y conocer "de forma definitiva la fecha final en la que se emitirá el informe preceptivo" que el CSN tiene que emitir sobre este expediente.

 

En la misiva le recuerda que el 18 de noviembre de 2016, el CSN envió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital un escrito en el que se señalaba que el plazo necesario para emitir el informe era de dos años, un plazo superado "abrumadoramente". Y le advierte de que este "dilatado tiempo" está generando "preocupación" en la compañía minera y sus accionistas.

 

También una misiva de la Federación Internacional de Inversores le pide el 31 de diciembre al presidente del regulador que se pronuncie "rápidamente" y que sin mayores retrasos manifieste su "acuerdo" con la concesión basándose en criterios "exclusivamente técnicos y sin interferencias políticas ni mucho menos consideraciones ideológicas u otras influencias" como resultado del actual borrador de la presente planificación española en materia de cambio climático que plantea prohibir la exploración minera de uranio.

 

Le avisan también los inversores de que no hacerlo sería "inconstitucional" y socavaría la confianza en la seguridad y garantías sobre la propiedad en España, al tiempo de que "una acción contraria" conllevará "con seguridad numerosos conflictos legales" como consecuencia de la falta de diligencia del Consejo de Seguridad Nuclear, incluso, añade, en tribunales internacionales.

 

Mientras, el socio director de Herbert Smith Freehills Spain, Miguel Riaño, la firma de abogados de Berkeley Minera en España, se dirigió a Serena i Sender el 10 de diciembre pasado para pedirle también una reunión para conocer la situación del expediente y expresarle que "dejando al lado" un debate sobre los motivos de la demora, sería "muy beneficioso" para todos los actores involucrados en el CSN que se pudiese pronunciar con carácter "inmediato y, en cualquier caso, previamente" a la aprobación de la ley de cambio climático y transición ecológica.

 

De esta forma, confía en que se evitaría que una decisión "puramente técnica" se pueda ver indirectamente afectada por una enmienda de la ley que, asegura la carta del representante legal, es "inconstitucional y expropiatoria". El abogado avisa: "De aprobarse nos llevará a reclamar cuantas responsabilidades nos ampare el Estado de Derecho". No obstante, confía en que la decisión del CSN no se vea "contaminada" por un debate "ideológico" que "nunca" puede.

 

La quinta de las cartas, de la directora ejecutiva de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC), María Fernández Conradi, el 7 de enero, manifiesta al presidente del CSN la preocupación de los pequeños accionistas por el retraso en "la concesión definitiva de la autorización solicitada" --sin plantearse un dictamen contrario-- sobre todo ante la tramitación de la ley de cambio climático cuyas enmiendas podrían "truncar" el proyecto.

 

Por ello, le pide "la diligencia debida" y que "sin mayor dilación adopte el acuerdo de concesión, exclusivamente teniendo en cuenta criterios técnicos" y "sin injerencia alguna de consideraciones o influencias políticas y mucho menos ideológicas".

 

También en Castilla y León

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes ha registrado una serie de iniciativas en las que demanda información a la Junta de Castilla y León en relación a la mina de uranio. Concretamente, la oposición pide las comparecencias del consejero de Economía y Hacienda y del director general de Energía y Minas (que firma una de las cartas) para conocer las "gestiones realizadas por la Junta de Castilla y León" en relación al proyecto.

 

Asimismo, el Grupo Socialista pide en el escrito "copia de las comunicaciones realizadas" entre la Junta de Castilla y León y administraciones, instituciones, organismos públicos o empresas públicas o privadas desde el 1 de enero de 2017 en relación al proyecto mencionado. Igualmente, el PSOE solicita documentos relacionados con el asunto de esta iniciativa parlamentaria.

Comentarios

Garabaya 30/01/2021 13:27 #4
Pues los documentos en poder de la abogacía del estado dicen lo contrario. Se imaginan esta mina , por ejemplo en la provincia de Madrid?
Garabaya 30/01/2021 13:27 #3
Pues los documentos en poder de la abogacía del estado dicen lo contrario. Se imaginan esta mina , por ejemplo en la provincia de Madrid?
SALMANTINO 30/01/2021 11:07 #1
Cómo es posible que una inversión de este calibre en una zona absolutamente deprimida, tanto que se habla de la España vaciada, cómo es posible? que lleve mas de una década intentando conseguir todos los permisos y autorizaciones. ¡¡¡¡QUE CLASE DE ADMINISTRACIÓN TENEMOS¡¡¡¡ No solo nos roban cada dia para pagar a inutiles vagos por cientos de miles, es que además estos vagos solo mueven el dedo para retrasar y joder inversiones. Si tienen que decir NO a Berkeley se los dicen en seis mese y ya esta, se va a otro sitio a invertir, pero MAS DE DIEZ AÑOS PARA DECIR SI O NO¡¡¡¡ASI NOS VA¡¡¡

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