Ayudar a los más vulnerables

DIEGO JALÓN

En solo diez días desde que los ministros juraron su cargo ante el Rey, el nuevo Gobierno ya ha subido el sueldo de los funcionarios un 2%. Está claro que, junto con la revalorización de las pensiones, esta era su gran prioridad. Una medida urgente, que tanto la Junta de Castilla y León como el Ayuntamiento de Valladolid se han apresurado a imitar. Y los demás Ayuntamientos y Comunidades de nuestro país harán lo mismo enseguida. Esta es una emergencia que no distingue entre regiones ni banderas políticas.

 

El nuevo Gobierno, que ha hecho del elogio de la progresía uno de sus principales afanes, no se cansa de explicar, con sus muchas voces y una sola palabra, que el objetivo de esta legislatura es alcanzar la justicia social, favorecer a los desfavorecidos y proteger a los colectivos más vulnerables de los embates del “neoliberalismo” que domina el mundo.

 

Así que, siguiendo la lógica de su razonamiento, lo primero que hace es proteger a ese colectivo desfavorecido, vulnerable, al borde de la exclusión social que son los funcionarios. Todo el mundo sabe que ser funcionario en España es como un castigo bíblico. Nadie querría verse en su situación, salvo tal vez los 160.000 despistados que hace poco se han presentado para ocupar una de las 4.000 plazas que ofrecía Correos al grito de “quiero un curro para toda la vida”.

 

Es un colectivo que sufrió con tanta dureza los rigores de la gran crisis, que tuvo que soportar con estoicismo una congelación salarial y la retirada de una paga extra, eso sí, desde la seguridad de un puesto de trabajo que ninguno perdió, mientras el paro se disparaba en España. Y que ve ahora como, mientras los trabajadores de las empresas privadas consiguen a duras penas actualizaciones de sus salarios al IPC, su sueldo sube un 2%.

 

Los funcionarios españoles, un grupo heterogéneo formado por categorías tan diversas como las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, las administaciones Central, Autonómica y Local, la Administración de Justicia, personal sanitario o de las universidades, hacen en general un trabajo excelente. Y no seré yo quien ponga en duda su derecho a mejores condiciones laborales y salariales, incluso por encima del 2%. Lo que sorprende es la urgencia en atender este asunto antes que otros que pudieran parecer más apremiantes si de lo que se trata es de lograr mayores cotas de justicia social, de defender a colectivos vulnerables o de ayudar a los más desfavorecidos. 

 

Hay que tener en cuenta que este 2% puede suponer un aumento del gasto público de más de 3.200 millones de euros. Y que con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Sobre todo con el PIB en retroceso y la deuda disparada. Todo es cuestión de prioridades. Y el Gobierno parece tener las suyas muy claras. Según los últimos datos oficiales hay 512.577 funcionarios en la administración pública estatal, entre Administración General del Estado (201.030), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (138.319), Fuerzas Armadas (117.502), Administración de Justicia (24.598) y otros entes públicos (31.128). Estos son a los que el Gobierno ya les ha subido el sueldo.

 

Pero hay además 1.340.939 funcionarios en las Comunidades Autónomas (Consejerías y sus organismos autónomos, 212.614; Docencia no universitaria 549.693; Instituciones sanitarias, 513.777; Administración de Justicia, 39.557 y Fuerzas de Seguridad 25.298). Y otros 572.867 en la Administración local (Ayuntamientos y otras entidades locales, 509.737 y Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, 63.130). A estos el Gobierno no les sube el sueldo, pero autoriza a que lo hagan las administraciones de las que dependen. Y de ahí la prisa por hacerlo que han demostrado la Junta y los Ayuntamientos, que lo van a hacer, ya verán, a la mayor brevedad.

 

Porque esta jugada la gana siempre el Gobierno. Autoriza a que se les suba el sueldo y deja la patata caliente a las administraciones. La que no lo haga queda retratada. Y las que lo hacen, que serán todas, tienen que ceder casi todo el mérito al Gobierno, del que parte la iniciativa. Por eso interesa darse prisa, correr, ser el primero, como han intentado el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta, anunciándolo el mismo día que el Consejo de Ministros. Para que parezca que lo estaban deseando, que solo esperaban la luz verde del Gobierno y anotarse así parte del tanto.

 

Y es que aquí de lo que se trata es de eso, de apuntarse un gol de valor incalculable en términos electorales. Tanto, que esto era una medida que aprobó el PP en su día, pero el Gobierno PSOE-Podemos nos la vende como propia. Y lo mismo harán Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de todos los colores, provincias y regiones.

 

Porque de lo que se trata es de eso, de ayudar a los más vulnerables, de proteger al colectivo más desfavorecido, que no es otro que el de los políticos, que cada cuatro años, o incluso menos, se pueden ir al paro si las cosas se tuercen. Y no les viene mal asegurarse algún apoyo para mantener el sillón, que los bancos de la calle son duros y hace mucho frío.

Comentarios

Deja tu comentario

Si lo deseas puedes dejar un comentario: