Aprobada la nueva Ley de Caza de Castilla y León: Retos y novedades que trae
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Aprobada la nueva Ley de Caza de Castilla y León: Retos y novedades que trae

Archivo - Cazador

Suárez-Quiñones afirma que la Comunidad tiene una norma moderna para regular una actividad de manera ordenada y sostenible. Aprobada la ley con respaldo de todos los grupos y la abstención de Podemos. 

Las Cortes de Castilla y León, con el respaldo de todos los grupos y la abstención de los dos procuradores de Podemos, han aprobado este miércoles la Ley de Caza que, como ha defendido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, asegura un marco "estable y actual" desde una gestión cinegética "sostenible".
 

Así lo ha señalado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha concretado que la finalidad es "proteger, conservar y fomentar" los recursos pero también aprovecharlos de forma "ordenada y sostenible", además de compatibilizar la actividad con el resto de usos y el desarrollo rural.

 

El anteproyecto sustituye a la antigua Ley de Caza, de 1996, y la modificación realizada en 2019, de manera que adapta el marco regulatorio a la realidad "social, económica y ambiental" del territorio, que ha experimentado notables cambios en estos 25 últimos años desde la anterior Ley.

 

Prevé la elaboración de una ‘Estrategia de la Caza de Castilla y León’, que incluirá los planes territoriales de recursos cinegéticos y de planes de gestión de especies cinegéticas, para aquellos territorios y especies que requieran de una consideración especial. Igualmente, los planes cinegéticos de los cotos de caza deberán ser elaborados por técnicos especializados, y basarse en censos rigurosos realizados con una metodología avalada técnicamente.

 

Asimismo, también regula las especies cinegéticas, que son las únicas que pueden ser objeto de la actividad, declarándose como tales las enumeradas en el anexo I de la ley.

 

Otra de las novedades de la nueva normativa es que se podrán realizar seguimientos poblacionales de las especies cinegéticas, como herramienta imprescindible para garantizar que la práctica de la caza no pone en peligro el estado de conservación de las mismas. 

 

SEGUIMIENTO POBLACIONAL

 

Creará una herramienta ‘Sistema de Seguimiento de las Poblaciones Cinegéticas de Castilla y León’, que utilizará todas las fuentes de información disponibles, y un novedoso y riguroso sistema de control de las capturas realizadas por los cazadores.

 

También plantea  las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.

 

En cuanto a los terrenos cinegéticos, la ley unifica en 250 hectáreas la superficie mínima necesaria para su constitución, y sobre todo introduce cambios relevantes en cuanto al régimen de intervención administrativa, estableciendo con carácter general el procedimiento de declaración responsable para su constitución.

 

Por otro lado, se eliminan dos figuras existentes en la ley anterior, las zonas de caza controlada y los cotos regionales“por su escasa aceptación, haber quedado obsoletas y ser superadas por el actual marco de las figuras de protección”, según matizó el consejero. 

 

En lo referente a las reservas regionales de caza, el Proyecto de Ley prevé la posibilidad de segregación de sus terrenos a petición de los propietarios, y se mejora el funcionamiento y el control del fondo de gestión de las reservas mediante la creación de una comisión del fondo de gestión para cada reserva.

 

Respecto a los terrenos no cinegéticos, se elimina la figura del Refugio de Fauna, dada su prácticamente nula utilización, y por el hecho de existir actualmente otras figuras de protección establecidas en varias leyes del Patrimonio Natural de Castilla y León, que “cumplen sobradamente con los objetivos de aquella, que también  ha quedado obsoleta”.

 

El Proyecto de Ley también establece los períodos hábiles máximos en los que se podrá practicar la caza, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y estatal. Estos períodos hábiles de caza podrán restringirse si las circunstancias así lo aconsejan en vía reglamentaria, pero no ampliarse. 

 

De este modo, según el consejero, “se mantiene la tónica del Proyecto de la reserva de Ley en el sistema, y la habilitación reglamentaria solo para incrementar la protección”. Además, se establece una pormenorizada serie de limitaciones y prohibiciones con el fin de proteger la conservación de las especies, su pureza genética y los hábitats en los que habitan.

 

NOTIFICACIÓN DE MONTERÍAS

 

El Proyecto de Ley establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública. El consejero destacó, al respecto, que esta cuestión era ampliamente demandada por los practicantes de actividades de uso público en la naturaleza, como el senderismo y el ciclismo de montaña. Con las notificaciones se incrementan así los márgenes de compatibilidad de actividades y de seguridad en el uso público de los montes y espacios naturales.

 

Suárez-Quiñones recordó que la nueva norma pretende asegurar un marco legal estable y actual para la caza en la Comunidad, una vez que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han avalado la regulación reglamentaria y legal realizada en Castilla y León. 

 

El nuevo proyecto de Ley sustituye a la Ley de Caza de Castilla y León que databa de 1996 e intenta crear un marco legal adaptado a la realidad social, económica y ambiental de la Comunidad autónoma. 

 

"La situación actual de las poblaciones de las especies cinegéticas es muy diferente a la que existía cuando se dictó la anterior ley, puesto que, según resumió el consejero, las especies ligadas a los territorios forestales, principalmente las de caza mayor, han experimentado en general un notable incremento, pero las especies de caza menor asociadas a los hábitats agrícolas han visto cómo sus poblaciones presentan tendencias decrecientes", significó el consejero.

 

Asimismo, apostilló que un sector de la población manifiesta un creciente interés en la conservación de la naturaleza y reclama mayores garantías de que " no se ponga en riesgo con la práctica de la caza”, y agregó que estos cambios producen algunos efectos no deseables, como el notable incremento de los daños a la agricultura producidos por algunas especies, como el jabalí o el conejo, o a la ganadería en algunas comarcas con el lobo. 

 

Además para su elaboración se tuvo en cuenta el aumento de los accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, que se duplicaron en los últimos  cinco años, superando los 8.000 accidentes al año, lo que equivale a más de 20 accidentes al día, con elevados daños materiales y en ocasiones importantes daños personales.

 

A esto se suma la mayor dificultad en el control de determinadas enfermedades como la epizootias y la zoonosis, que suponen un riesgo para la salud de los animales y también, en algunos casos, para la de las personas.

 

El consejero reconoció que la normativa cinegética de Castilla y León ha sido objeto de controversia judicial  durante los últimos años, materializada en diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. No obstante, apuntó a que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional, en este caso en dos sentencias, las tres en el año 2020, ratificaron dicha normativa, reglamentaria y legal, tanto en el fondo como en la forma, por lo que se respeta la Ley y la convierten en plenamente constitucional.

 

La nueva Ley de Caza de Castilla y León recibió 1.806 alegaciones de 162 personas o entidades diferentes. 

 

El anteproyecto se sometió a informe del Consejo Regional de Medio Ambiente, habiendo sido informado favorablemente. El anteproyecto fue informado, por el Consejo Económico y Social, que emitió un dictamen sobre el anteproyecto con recomendaciones e indicaciones que fueron consideradas en el texto final.