Andalucía se compromete a quitar la publicidad a los medios que publiquen contactos mientras PP y C's se niegan en Salamanca

Agente trabaja con ordenadores

La presidenta andaluza anuncia que tomarán medidas para que ningún medio de comunicación que publique anuncios de contactos o cualquier forma de prostitución encubierta o cubierta "pueda recibir ni un solo euro de las arcas públicas" y lo hará extensivo a todas las administraciones. El concistorio salmantino ha rechazado una moción en este sentido pese a que está en el último pacto de Estado.

Guerra a los anuncios de contacto. Esta es la decisión que ha tomado la Junta de Andalucía, contraria a la línea que desde el pleno han impuesto PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Salamanca, que rechazaron expresamente una moción en este sentido con la excusa de esperar a que hubiera normativa y para no "coaccionar a los medios", cuando la retirada de este tipo de anuncios está en el pacto de Estado.

 

La noticia ha llegado este miércoles, cuando la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha anunciado que impulsará medidas para que ningún medio de comunicación que publique anuncios de contactos sexuales o cualquier forma de prostitución encubierta o cubierta "pueda recibir ni un solo euro de las arcas públicas, sea mediante contratación, subvenciones o publicidad". Y añade que a tal efecto la Junta promoverá una norma que extienda ese criterio al conjunto de las administraciones públicas, porque "ya está bien de mirar para otro lado cuando se comercia con seres humanos como ganado".

 

Esta medida es uno de los votos particulares aprobado dentro del pacto contra la violencia de género aprobado el pasado día 28 de septiembre con 212 medidas, con todos los grupos de acuerdo en que el Pacto debe incluir que se prohíban los anuncios de prostitución en los medios. El plazo para aplicarlo es de dos meses para algunas medidas y de cuatro para otras (aunque dependen de que se aprueben los presupuestos del Estado) con una dotación presupuestaria total de 1.000 millones de euros en cinco años: 100 millones para entidades locales, 500 millones para las comunidades autónomas y otros 400 millones para competencias estatales.

 

Curiosamente, el acuerdo se aprobó en el Congreso con la abstención de Unidos Podemos, que consideraba que faltaban medidas y que no estaban garantizadas por el presupuesto. Al contrario, en el Ayuntamiento de Salamanca fue el grupo Ganemos quien llevó al pleno la aprobación de una moción para que el consistorio dejara de contratar publicidad con medios que incluyeran este tipo de anuncios.

 

Sin embargo, no salió adelante porque tanto el PP como Ciudadanos se pusieron 'de perfil' y lo rechazaron con sus votos en contra, lo que impidió que saliera adelante pese a los votos a favor de Ganemos y PSOE. La negativa del grupo popular y su apoyo en el Gobierno municipal ha echado por tierra esta propuesta por la que el consistorio estaría obligado a no contratar campañas de comunicación o publicidad con medios que tuvieran este tipo de anuncios, que están considerados la 'tapadera' para situaciones de explotación sexual, y que afecta a varios medios de Salamanca.

 

PP y C's se ampararon en la falta de legislación y en que el pacto nacional por la violencia de género ha rechazado recientemente una medida similar. Tanto los concejales del PP como de C's que han defendido el voto negativo han aludido a la falta de una normativa y a la complicación de fijar el criterio sobre lo que son anuncios de prostitución y lo que no, dificultad que ni la Junta de Andalucía ni el Congreso parecen encontrar. "No estamos por prohibir ni coaccionar a los medios de comunicación", llegó a escucharse. "Si pagas, eres cómplice, y el Ayuntamiento es cómplice porque está pagando", respondió la concejal Pilar Carrera.

 

Además, no es cierto que no haya una normativa nacional que afronte estas situaciones. En el último pacto por la violencia de género se incluyó como voto particular, con mayoría parlamentaria para sacarlos adelante; entre ellos, los partidos coinciden en que el Pacto debe incluir que se prohíban los anuncios de prostitución en los medios.