Ana Botella y su equipo, condenados por la venta de pisos de EMVS a 'fondos buitre'

"La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público". Además, habla de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y a los que fueron concejales en su equipo de gobierno por la venta de 18 promociones de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid (EMVS) al grupo societario Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone, por debajo de su precio de mercado en el año 2013.

 

En la sentencia, dictada el 27 de diciembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la sección de Enjuiciamiento del Tribunal cifra en casi 25,8 millones de euros el perjuicio que esta operación ocasionó a la EMVS. "La enajenación se hizo por un precio inferior al valor mínimo posible que cabía atribuir a los inmuebles vendidos, lo que supuso un quebranto en el patrimonio público". Además, habla de "falta de transparencia" y "opacidad" en toda la operación.

 

Por ello, declara responsables contables directos al entonces máximo dirigente de la EMVS, Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a todos los concejales de su equipo de gobierno Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral, que deben asumir el pago solidario para resarcir los daños.

 

En el apartado de hechos probados, recuerdan que la sentencia, adelantada este viernes por la Cadena Ser, se enmarca en el procedimiento abierto a raíz del informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en 2016 que recoge diversas irregularidades.

 

Además, está la demanda presentada por la propia EMVS ese mismo año, entonces con el Gobierno de Manuela Carmena ya al frente y en concreto, esta empresa municipal dirigida por la primer teniente de alcalde, Marta Higueras, ahora regidora en funciones.

 

El Tribunal destaca que hay pruebas documentales que avalan que el plazo que se dio para proceder a presentar ofertas para la enajenación, de 14 días naturales, era "insuficiente" a menos que se pudiera disponer de información previa para realizar una inspección, valoración económica y comprobación de la situación jurídica "rigurosas", al tratarse de 5.315 inmuebles.

 

En concreto, apunta que está acreditado que tenían conocimiento de esta operación antes de que se realizara, al menos, cuatro empresas, una de las cuales, Blackstone, resultó finalmente la adjudicataria final de la venta.

 

"La enajenación se articuló sin la elaboración de los oportunos pliegos administrativos, sin la preceptiva publicidad y concurrencia y, sobre todo, sin la previa fijación de un precio inicial de referencia basado en una tasación o en un estudio previo adecuado sobre el valor de los inmuebles enajenados", subrayan.

 

En el mismo sentido, añaden, que el precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de su función social, "fue inferior al mínimo jurídicamente exigible, que no es otro que el valor máximo posible de venta" de las viviendas calificadas como viviendas públicas protegidas (151,2 millones de euros), lo que dio lugar a un "menoscabo injustificado en el patrimonio público que asciende a 22,7 millones".

 

"El precio total de la compraventa de las 18 promociones de vivienda protegida y sus elementos vinculados y de los inmuebles no vinculados incluidos al final del proceso fue inferior al valor contable, al precio máximo como viviendas de protección pública, al valor catastral y sobre todo, al precio de mercado", resume.

 

FALTA DE TRANSPARENCIA

 

En la misma dirección, destaca que la enajenación no tuvo el reflejo presupuestario que legalmente le hubiera correspondido "ni, por tanto, la transparencia exigida por el derecho de la información de los miembros del consejo de administración de la EMVS y de la ciudadanía".

 

Además, subraya que en las escrituras públicas en las que se formalizaron las operaciones se incluyó una cláusula de confidencialidad, "lo que evidencia la falta de transparencia y objetividad con la que se articuló la venta por parte de una entidad pública".

 

"Esta opacidad expresamente pactada resulta incompatible con la naturaleza jurídica y finalidad de los inmuebles enajenados", apostilla, al tiempo que manifiesta que todas las irregularidades detectadas suponen una infracción de las disposiciones de derecho público "impulsoras de la buena gestión financiera, garantes del patrimonio público y limitadoras de una posible desproporción" en los precios.

 

NO CUMPLIERON CON SUS FUNCIONES

 

El Tribunal entiende que los condenados no realizaron la "supervisión de la gestión contable ni la presupuestaria y de control de déficit que tenían encomendada tanto por la normativa mercantil como por la de derecho público".

 

"Tampoco dieron las instrucciones a los gestores de la sociedad pública que, nuevamente, tanto el derecho público como el privado, les autorizaban a impartir para corregir las actuaciones que se alejaran de los requisitos jurídicos propios de una 'buena gestión financiera'", señala el Tribunal, que añade que, en concreto, "no advirtieron y evitaron que la enajenación se hiciera a través de un procedimiento ilegal y por un precio lesivo para el patrimonio público".

 

Y es que, como indica, en su condición de Junta General de la Sociedad, la Junta de Gobierno tenía encomendadas las funciones sobre las cuentas y por lo tanto "sí eran gestores del patrimonio público afectado, por lo que tienen legitimación pasiva en el presente procedimiento de reintegro por alcance".

 

Por otro lado, el Tribunal entiende que los demandados no han sido capaces de justificar por qué redujeron los precios de la enajenación. "No ha sido capaz de ofrecer ningún detalle sobre los datos objetivos y la metodología de cálculo que llevó a la EMVS a aceptar una reducción del precio de la venta".

Comentarios

M.C.E.D. 31/12/2018 10:57 #3
Parece que hay a quien todavía le parecen pocos y no le gusta que nos informen. Pues aquí van algunos de los mas de 60 casos de corrupción pepera: Caso Andratx. PP de Baleares. Caso Arena. PP de Galicia. Caso Baltar. PP de Galicia. Caso Biblioteca. PP de la Región de Murcia. Caso Bitel. PP de Baleares. Caso Bomsai. PP de Baleares. Caso Bon Sosec. PP de Baleares. Caso Brugal. PP de la Comunidad Valenciana. Caso Bárcenas. PP nacional. Caso Caballo de Troya. PP de Galicia. Caso Campeón. PP de Galicia. Caso Carioca. PP de Galicia. Caso Cementerio. PP de Madrid. Caso Conde Roa. PP de Galicia. Caso Cooperación. PP de la Comunidad Valenciana.(15) Caso de la Ciudad del Golf. PP de Castilla y León. Caso del Lino. PP de Castilla-La Mancha. Caso El Roblecillo. PP de la región de Murcia. Caso Emarsa. PP de la Comunidad Valenciana. Caso Fabra. PP de la Comunidad Valenciana. Caso Faycán. PP de Canarias. Telde. Caso Funeraria. PP de Baleares. Caso Guateque. PP de Madrid. Caso Gürtel. PP de C. Madrid y C. Valenciana. Caso Hügel. PP de C. Madrid. Caso Ibatur. PP de Baleares. Caso Lasarte. PP de Castilla y León. Caso Líber. PP de la Región de Murcia. Caso Lifeblood. PP de Canarias. Telde. Caso Naseiro. PP. Caso Nóos. PP. Caso Orquesta. PP de Galicia. Caso Over Marketing. PP de Baleares. Caso Palma Arena. PP de Baleares. Caso Eólico. PP de Canarias. Caso Patos. PP de Galicia. Caso Piscina. PP de Canarias. Caso Plan Territorial. PP de Baleares Caso Pokemon. PP de Galicia. Caso Porto. PP de Madrid. Caso Púnica. PP de Madrid. Caso Rasputín. PP de Baleares. Caso Gondola. PP de Canarias. Mogán. Caso Scala/Cola Cao. PP de Baleares. Caso Terra Natura Benidorm. PP de la Comunidad Valenciana. Caso Torres de Calatrava. PP de la Comunidad Valenciana. Caso Totem. PP de la Región de Murcia. Caso Troya. PP de Andalucía. Caso Turismo Joven. PP de Baleares. Caso Túnel de Sóller. PP de Baleares. Caso Umbra. PP de la Región de Murcia. Caso Zamora. PP de Castilla y León. Caso Zeta. PP de Galicia. Caso Auditorio. PP de la Región de Murcia. Caso élico Castilla León. PP de Castilla y León. Caso Lezo. PP de Madrid. Caso Funeraria. PP de Madrid....................etc. 122.000 millones de costo. 900 investigados y los nuevos que no paran de salir.
2 28/12/2018 17:20 #2
Pues que lo paguen con cárcel y con dinero. Ahora bien, esta costumbre de este periódico de airear solo los casos de corrupción de un lado, resulta un tanto sospechosa... De los Eres ni palabra, eh? Los del PP que robaron, lo están pagando; otros han sido desestimados (caso Camps) y otros absueltos (caso Pedro Antonio Sánchez y Jordi Cañas): Los buenos periódicos son los que informan de TODO de TODOS; el resto es campaña electoral del mismo lado siempre, del amigo de golpistas y de etarras.
Partido Peligroso 28/12/2018 11:03 #1
Otra estafa mas de nuestros queridos corruptos. No es una crisis, es una estafa. Y todavía hay gente defendiendo a esta panda de chorizos

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