77 personas fueron atendidas por los equipos de PromociĂłn de la AutonomĂ­a Personal de la DiputaciĂłn

El mayor volumen de derivaciones fue el procedente de la zona de AcciĂłn Social de Ciudad Rodrigo I, con 17 personas

La implantaciĂłn del Programa de AtenciĂłn a personas en situaciĂłn de discapacidad y/o dependencia en la provincia de Salamanca ha permitido, durante el aĂąo 2011, ofrecer atenciĂłn integral a un total de 77 personas.

Los asistidos fueron derivados a los dos equipos de Promoción de la Autonomía Personal (EPAP) con los que cuenta el Área de Bienestar Social de la Diputación de Salamanca, según ha indicado la Administración provincial.

El mayor volumen de derivaciones fue el procedente de la zona de AcciĂłn Social de Ciudad Rodrigo I, con 17 personas, lo que representa un 22 por ciento; seguido de Guijuelo, con diez personas, que representa un 13 por ciento; Vitigudino, con ocho personas y un diez por ciento; PeĂąaranda con ocho personas; y Ciudad Rodrigo II con seis personas.

En cuanto al perfil de las personas derivadas al Programa, el rango de edad oscilĂł entre los 20 y los 88 aĂąos, si bien el grupo con el mayor nĂşmero de usuarios se situĂł entre los mĂĄs jĂłvenes, aquellos que tienen entre 20 y 45 aĂąos, seguido por el de 46 a 65 aĂąos.

En cuanto al sexo, 41 de los usuarios fueron varones y 36 mujeres. El 48 por ciento de los usuarios tenĂ­a reconocimiento de grado de discapacidad y el 36 por ciento reconocimiento de situaciĂłn de dependencia en alguno de sus grados.

De las 77 personas derivadas, el 53 por ciento contaba un diagnĂłstico de enfermedad mental grave y prolongada, mientras que del 47 restante en algunos casos existĂ­a la sospecha de enfermedad mental aun no diagnosticada. El 81 por ciento de los usuarios mantenĂ­a un cuidador principal, que en la mayorĂ­a de los casos era mujer y familiar directo.

La finalidad del Programa era ofrecer una atención “integral” domiciliaria y en el propio entorno familiar y comunitario, de forma que se pudiesen mantener en él, consiguiendo al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad y dependencia, retrasar lo “máximo posible” la institucionalización de estas personas y reforzar la intervención social en el ámbito domiciliario y comunitario.