El pleno del Congreso ha tumbado este viernes los dos decretos en materia de vivienda presentados por el Gobierno, después de que una mayoría parlamentaria haya votado 'no' a las medidas con las que el Ejecutivo pretendía poner en marcha para resolver el problema de la vivienda.

El primer decreto rechazado ha sido el que contenía medidas como la prorroga de los alquileres, los topes a las rentas, la limitación de compra a los 'fondos buitre' y beneficios fiscales para caseros e inquilinos. La mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra de estas medidas.

La votación -172 votos a favor y 178 en contra- se ha celebrado por llamamiento de los diputados uno por uno, tras un encendido debate en el que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el bloque de partidos a la izquierda del PSOE han acusado al de derechas de estar del lado de los "buitres" y no de la "gente", según informa EFE.

Aunque no estaba previsto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido minutos antes de la votación para rogar a los grupos que fueran "valientes" y "coherentes" y apoyaran unas medidas "ambiciosas, necesarias, razonables, equilibradas y diseñadas a través del diálogo, que proporcionan soluciones". De lo contrario, "el daño a nuestro país será inmenso", ha apuntado Sánchez, que ha dirigido su mensaje a PP y Junts.

También la ministra de Vivienda ha intentado hasta el final que Junts cambiara de opinión y se abstuviera, lo que hubiera servido para aprobar el decreto, pero su portavoz, Miriam Nogueras, ha mantenido su rechazo "sea cual sea el precio" político que tenga que pagar por ello, ha dicho.

Nogueras, por su parte, ha llamado al Gobierno hasta el último momento a que retirara los dos decretos de vivienda que se debaten hoy para negociar otro a partir de un texto que le ha enviado. El Ejecutivo se ha negado y la ministra le ha recordado que el 90% de las medidas de su texto están recogidas en el decreto.

Desde el bloque de la izquierda, Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG han arremetido también contra el de la derecha, a la que han situado del lado de los "especuladores" y los "buitres", mientras que el PP y Vox han coincidido con Junts en que el decreto ni soluciona el problema de la vivienda, ni protege a los más vulnerables, ni impide que los 'fondos buitre' hagan negocio o los desahucios.

El PNV, por su parte, ha lamentado que la "ceguera e intolerancia" de algunos grupos vaya a impedir un acuerdo de mínimos en materia de vivienda y ha criticado al Gobierno por "no haber hecho bien las cosas" y tratar de legislar "en caliente".

Durante el debate, tanto de este decreto como del segundo, ha planeado la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas, aunque abiertamente los únicos que lo han pedido ha sido la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido y el de UPN Alberto Catalán.

El decreto que ha derogado el Congreso, con los votos a favor del el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Compromís y Coalición Canaria, incluye medidas que todos los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura han defendido en algún momento de la legislatura o han hecho llegar al Ministerio de vivienda.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10% de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4% a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0% para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0% si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 %si no lo supera).

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA DE ALQUILERES

Por otra parte, con 166 votos a favor y 184 en contra, también ha decaído el decreto que introducía en España la renovación automática de los contratos de alquiler y que ha estado en vigor apenas dieciséis horas.

A favor del decreto, que ha defendido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, han votado el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Compromís, BNG y CC, mientras en contra lo han hecho el PP, Vox, Junts, PNV, UPN y CC, informa EFE.

Durante el debate, Bustinduy ha acusado al bloque del 'no' defender el interés de una "oligarquía rentista" y de dar "la espalda al pueblo".

"Se puede gritar muy alto el nombre de España o el nombre de Cataluña", pero "votar no hoy a estos decretos es traicionar a su pueblo para servir la única causa y la única bandera del rentismo, y yo les digo que no están calibrando lo que están haciendo", ha dicho, en alusión también al otro decreto de vivienda debatido previamente.

El ministro ha pedido a los diputados críticos, a los que ha tachado de "vendepatrias", que revelen públicamente con quién se han reunido y quién les ha llamado en las últimas semanas, y ha denunciado de nuevo una campaña del miedo por parte de los lobbies inmobiliarios.

En nombre del PP Sergio Sayas ha acusado al Ejecutivo de tratar de "cargarse la seguridad jurídica" y de enfrentar a "inquilinos con propietarios y al mercado con regulación" como si pudieran subsistir los unos sin los otros.

Para los populares, este texto "va contra la libertad, la propiedad privada y, sobre todo, ataca a los vulnerables y a las clases medias, porque no van a poder alquilar un piso si se aprobara".

En contra de las medidas también se ha pronunciado Vox, cuyo diputado José María Figaredo ha criticado que el Gobierno esté centrando sus actuaciones en los 'fondos buitre' cuando son una "parte mínima del alquiler".

Para Maribel Vaquero (PNV), este segundo texto "no es equilibrado ni proporcional" y genera "más problemas" de los que pretende resolver; en tanto que Cristina Valido (CC) ha animado al Ejecutivo a que, si este es el modelo que defiende, se planteé como proyecto de ley y se constituya una ponencia para debatirlo.

Por su parte, Alberto Catalán (UPN) ha urgido al Gobierno a convocar elecciones y le ha llamado "carroñero".

A pesar de la disparidad en el sentido de voto, el resto de grupos parlamentarios ha defendido que la crisis de vivienda en España requiere de más soluciones de las que se han planteado hasta la fecha.

Del lado del 'sí', Néstor Rego (BNG) y Oskar Matute (Bildu) han coincidido en que tanto este segundo real decreto-ley como el primero son un buen punto de partida, aunque hay que continuar trabajando.

Mientras que Águeda Micó (Compromís) y Etna Estrems (ERC) se han dirigido directamente a Junts y a su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, a los que han reprochado que se hayan convertido -según Micó- en "enemigo de los más vulnerables", según informa EFE.

El decreto que ha defendido Bustinduy ha tenido efecto apenas dieciséis horas, ya que ha entrado en vigor hoy a las 00.00 horas, tras su publicación la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.

Se trata de una medida reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, de 87 años.