La Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este lunes, con los votos de PP y Vox, una iniciativa promovida por el PSOE que, entre otras medidas para actualizar la política de vivienda y adaptarla a la nueva normativa estatal, reclamaba que las viviendas de protección oficial sigan siendo propiedad de las administraciones en lugar de poder venderse a los pocos años por sus adjudicatarios.

Ha sido la procuradora socialista Ana Casado la encargada de defender una iniciativa que pretendía garantizar la función social de la vivienda protegida y fomentar el alquiler estable de larga duración, con una adaptación de la normativa autonómica del nuevo marco que en esta materia acaba de aprobar el Gobierno, a la espera del decreto que prevé aprobar este martes, publica EFE. 

Casado ha sostenido que la sociedad pide a los políticos "respuestas útiles, valientes e inmediatas", entre los que ha citado un incremento de la inspección que asegure que las viviendas protegidas cumplen el fin para el que fueron concebidas y llegan efectivamente a quienes las necesitan.

De hecho, señaló que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 supone un cambio de paradigma respecto de los anteriores planes de vivienda, al concebir la vivienda protegida como un recurso estratégico y permanente al servicio del interés general y de las generaciones futuras.

En su réplica, la procuradora del PP Carmen Sánchez ha pedido "rigor, responsabilidad y precisión jurídica" para acometer un problema que ha reconocido como fundamental para los ciudadanos, aunque ha añadido que en Castilla y León este debate "no parte de cero" ni hay un "vacío jurídico".

En este sentido, ha defendido que antes de tomar determinadas medidas es necesario analizar la normativa que pretende adaptarse y buscar las mejores herramientas para buscar soluciones a los problemas de acceso a la vivienda.

La procuradora del PP ha rechazado las "políticas intervencionistas" y ha defendido un incremento de la oferta de viviendas y medidas concretas para fomentar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes: "No puede arreglar en cuatro días lo que ha destrozado en ocho años", ha dicho sobre el papel del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por su parte, la representante de Vox María Dolores Mateo ha defendido la política de vivienda de Castilla y León y el pacto suscrito en esta materia por PP y Vox, que en su opinión contrapone la "burocracia, el intervencionismo y la tutela" que pretende aplicar el Gobierno con un marco normativo propio, en el que ha celebrado que se haya incluido el concepto de 'prioridad nacional' frente a los "privilegios tradicionales" que en su opinión se ha dado a las personas inmigrantes.

En el caso del procurador de la UPL Luis Mariano Santos ha votado a favor de esta iniciativa del PSOE porque son medidas que pueden servir a mejorar la situación, aunque ha lamentado que el resto de partidos se limiten a plantear un debate competencial sin asumir sus responsabilidades.

En su turno de dúplica, la representante el PSOE ha lamentado el voto contrario de PP y Vox, a quienes ha afeado que desaprovechen la oportunidad de fortalecer la protección permanente de la vivienda asequible, impulsar un parque residencial orientado al alquiler estable y reforzar las garantías de control y cumplimiento de la función social de la vivienda protegida.