El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha puesto en marcha una fiscalización del sistema de receta electrónica en la Comunidad, un análisis que llega después de que el gasto farmacéutico asociado a este servicio alcanzara los 860 millones de euros en 2024, lo que representa el 18,6% del gasto total de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl).

Según los datos recogidos por EFE, Salamanca se sitúa entre las provincias donde más ha crecido este desembolso en los últimos años. En concreto, el gasto en recetas electrónicas pasó de 105 millones de euros en 2020 a 129 millones en 2024, lo que supone un incremento del 23%.

La subida registrada en la provincia salmantina se encuentra entre las más elevadas de Castilla y León, solo por detrás de Valladolid, donde el gasto aumentó un 24,1%, y de Segovia, con un 23,6%.

La auditoría impulsada por el Consejo de Cuentas tiene carácter operativo y pretende identificar posibles mejoras en el funcionamiento del sistema. Para ello, analizará aspectos como la implantación de la receta electrónica, su accesibilidad, los mecanismos de seguridad, la calidad del servicio prestado y el control de la facturación generada.

Asimismo, el órgano fiscalizador revisará los sistemas tecnológicos que sustentan este servicio y evaluará la protección de los datos y activos de información conforme al Esquema Nacional de Seguridad y a la normativa vigente en materia de protección de datos.

La gestión de la receta electrónica en Castilla y León corresponde principalmente a la Gerencia Regional de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad.

El informe se centrará exclusivamente en el gasto derivado de las recetas dispensadas en farmacias y contabilizadas dentro del programa de Atención Primaria, por lo que quedan fuera del análisis los medicamentos y productos sanitarios consumidos en los hospitales públicos de la Comunidad, que ya fueron objeto de una fiscalización anterior.

En el conjunto de Castilla y León, el gasto en receta electrónica ha crecido un 21% desde 2020, consolidando el peso creciente de la prestación farmacéutica dentro del presupuesto sanitario autonómico.