El Partido Popular de Salamanca ha solicitado explicaciones al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Villares de la Reina tras tener conocimiento de un presunto caso de discriminación en el acceso a las piscinas municipales.

Según trasladó el Grupo Municipal Popular en un comunicado, una familia perteneciente a la etnia gitana habría intentado adquirir entradas para acceder a las instalaciones, recibiendo como respuesta que estas estaban agotadas, pese a que, según su versión, la piscina se encontraba prácticamente vacía. Los populares sostienen además que, poco después, se permitió el acceso a otros usuarios en circunstancias similares.

Ante estos hechos, el PP considera "imprescindible" aclarar lo ocurrido y conocer los criterios que se están aplicando en la gestión de un servicio público que, a su juicio, debe garantizar la igualdad de acceso a todos los ciudadanos.

La formación exigió una explicación "clara y detallada" al alcalde de Villares de la Reina, José Buenaventura Recio, así como a la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Miryam Tobal, por su "responsabilidad política", al entender que "no se puede tolerar ninguna sombra de discriminación en instituciones públicas".

Los populares subrayaron que el cumplimiento de las normas de convivencia es exigible a todos los usuarios, pero remarcaron que "en ningún caso puede justificarse un trato desigual basado en prejuicios o en la pertenencia a una determinada etnia". Asimismo, advirtieron de que, si los hechos se confirmaran, se trataría de un comportamiento "absolutamente inaceptable en una sociedad democrática y avanzada".

Por su parte, el Ayuntamiento de Villares de la Reina ha rechazado de forma tajante las acusaciones y asegura que "no existe discriminación alguna" en el acceso a las instalaciones municipales.

El equipo de Gobierno ha defendido que cumple "escrupulosamente" la normativa relativa al uso de espacios públicos y ha reiterado su respeto a todas las personas, independientemente de su raza, etnia u orientación sexual.

El alcalde, Ventura Recio, afirmó que los hechos denunciados "no son ciertos" y aseguró que "ningún trabajador ha recibido ni recibirá ninguna instrucción contraria a la legislación vigente ni a las ordenanzas municipales".

En la misma línea, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Miryam Tobal, sostuvo que las acusaciones realizadas por el Partido Popular "no se ajustan a la realidad" y reprochó a la formación que no hubiera solicitado información antes de realizar unas acusaciones que calificó de graves.

El concejal de Deportes, Álvaro Coque, explicó que la piscina municipal cuenta actualmente con un aforo de 1.500 personas, cubierto en gran medida mediante 1.320 abonos de temporada y 150 abonos de 20 baños. Según detalló, esta situación permite vender diariamente únicamente unas 30 entradas sueltas.

"Una vez vendidas esas 30 entradas, algo que suele ocurrir por la mañana, no pueden venderse más, haya o no personas dentro de la piscina, ya que hay que respetar el uso preferencial de quienes disponen de abono", señaló el edil. A su juicio, esta circunstancia explica que en determinados momentos la instalación pueda presentar una ocupación reducida pese a que ya no sea posible adquirir nuevas entradas.

Por último, Miryam Tobal recordó que los abonos se han vendido "sin tener en cuenta la etnia, raza o religión de los solicitantes", por lo que, según defendió, "no existe discriminación ni trato desigual en el municipio".

La polémica queda ahora marcada por dos versiones enfrentadas: la denuncia planteada por el Partido Popular sobre una posible discriminación y la explicación ofrecida por el Ayuntamiento, que atribuye lo sucedido exclusivamente al sistema de aforos y venta de entradas vigente en las piscinas municipales.