La inflación en Castilla y León ha moderado ligeramente su ritmo en mayo, pero sigue manteniendo la presión sobre el bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se sitúa en una tasa interanual del 3,2%, una décima menos que en los dos meses anteriores, aunque todavía por encima de los incrementos salariales pactados en la comunidad.

Así lo ha advertido el sindicato UGT, que alerta de un desequilibrio persistente entre la evolución de los precios y los salarios en la región.

Según los datos analizados por la organización sindical, la subida salarial media en Castilla y León se sitúa en el 2,8%, lo que supone una pérdida relativa de poder adquisitivo para muchos trabajadores frente al encarecimiento del coste de la vida.

Uno de los pocos factores de alivio llega desde el precio de los alimentos, que en mayo ha registrado un incremento más contenido, del 2,1% interanual. Esta moderación supone un cierto respiro para los hogares, aunque insuficiente para compensar el resto de subidas.

En el lado contrario, el transporte se mantiene como uno de los principales focos inflacionistas en la comunidad, con un aumento del 7,3%, muy por encima de la media general. Un dato especialmente relevante en una región extensa y con alta dependencia del vehículo privado, donde los costes de movilidad impactan de forma directa en la economía familiar.

Más allá de la variación mensual, los precios acumulan hasta mayo un incremento del 1,8%, lo que según UGT confirma que la inflación sigue consolidada en la estructura económica de Castilla y León. El sindicato insiste en que este escenario hace imprescindible reforzar la negociación colectiva para garantizar subidas salariales que compensen el aumento del coste de la vida. UGT advierte además de que el actual incremento salarial medio pactado en la comunidad, del 2,8%, no solo es inferior a la inflación, sino también menor que la media nacional, lo que amplía el riesgo de pérdida de poder adquisitivo.

Por ello, la organización sindical reclama la consolidación de las cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y la puesta en marcha de medidas públicas que ayuden a contener los precios en sectores clave como el transporte, la vivienda y los servicios esenciales.