La Diputación de Salamanca destinará este ejercicio 62.000 euros para reforzar los servicios sociales básicos en cuatro municipios de la provincia gracias a los convenios de colaboración suscritos con los ayuntamientos de Béjar, Peñaranda de Bracamonte, Santa Marta de Tormes y Villamayor, con el objetivo de mejorar la gestión de las prestaciones esenciales del sistema público de servicios sociales en el ámbito local, que prestan estos ayuntamientos a través de sus Unidades de Trabajo Social.

Estos acuerdos se enmarcan en la Ley 16/2010 de Servicios Sociales de Castilla y León, que garantiza como derechos subjetivos una serie de prestaciones básicas dirigidas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o exclusión social. El objetivo principal de estos convenios es reforzar la atención social de proximidad, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a los servicios sociales a través de estructuras municipales próximas y coordinadas con la Diputación.

Las prestaciones incluidas abarcan la información, orientación y asesoramiento social; la valoración y seguimiento de casos; la atención a la dependencia; la ayuda a domicilio; la teleasistencia; la atención en centros de día y residencial; así como la gestión de situaciones de urgencia social; y la protección de menores, entre otras.

La Diputación asume el compromiso de financiar el personal técnico, ofrecer apoyo especializado, facilitar herramientas de gestión y coordinar la red provincial de servicios sociales. Por su parte, los ayuntamientos se comprometen a garantizar la atención directa a la ciudadanía desde sus Unidades de Trabajo Social, así como a disponer de los medios materiales, organizativos e informáticos necesarios para el desarrollo del servicio.

La aportación económica de la Diputación para el desarrollo de estos convenios será de 18.000 euros para el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, 16.000 euros para el de Béjar y 14.000 euros para el de Peñaranda de Bracamonte y Villamayor, respectivamente. Con estos acuerdos, ambas administraciones refuerzan la cooperación institucional con el fin de mejorar la calidad, eficiencia y cobertura de los servicios sociales, garantizando una atención más cercana, homogénea y adaptada a las necesidades reales de la población.