La Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECyL) expresó su "preocupación" ante la propuesta de reducir al "mínimo" las subvenciones destinadas a cooperación internacional al desarrollo en la Comunidad, según señaló en un comunicado recogido por Ical.

La entidad recordó que la cooperación "no es un gasto superfluo ni una concesión ideológica", sino una "política pública basada en los derechos humanos, la solidaridad, la igualdad, la sostenibilidad y la construcción de paz". Además, constituye una "expresión concreta" de los valores democráticos de la sociedad, forjada a lo largo de décadas "gracias al compromiso compartido de organizaciones sociales, administraciones públicas, universidades y ciudadanía de Castilla y León", añadieron.

Desde la organización aseguraron que durante años se apoyaron proyectos vinculados al acceso al agua potable, la salud, la educación, la soberanía alimentaria, la protección de la infancia, la igualdad entre mujeres y hombres, la atención humanitaria y el fortalecimiento de comunidades en situación de vulnerabilidad.

La coordinadora insistió en que los datos "evidencian que la ciudadanía demanda más cooperación y solidaridad organizada". Además, aseguraron que "reducir o congelar al mínimo estas políticas públicas significaría debilitar una herramienta que contribuye a salvar vidas, proteger derechos y generar estabilidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras".

En ese sentido, insistieron en la "preocupación de la consolidación de discursos que condicionan el acceso a derechos en función del origen, la nacionalidad o la situación administrativa", al dejar claro que los "derechos humanos son universales o dejan de ser derechos" por lo que defendieron que "ninguna política pública debe alimentar la exclusión, la sospecha sobre las organizaciones sociales ni la división entre personas merecedoras y no merecedoras de protección".

Pese a lo anterior, desde la organización aseguraron "reconocer" el trabajo desarrollado por la Junta de Castilla y León y el conjunto de agentes de cooperación en el marco del IV Plan Director de Cooperación para el Desarrollo, y solicitaron que "se garantice la continuidad y el fortalecimiento de esta política pública", en coherencia con la legislación autonómica y estatal y con los compromisos internacionales asumidos por España.