La sanidad penitenciaria en Castilla y León atraviesa una situación límite, con especial gravedad en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca), donde la falta de personal médico ha encendido todas las alarmas. Comisiones Obreras (CCOO) advierte de que el sistema se encuentra en un punto crítico que compromete tanto la atención sanitaria a los internos como la seguridad de los trabajadores.

Según datos del Ministerio del Interior, solo el 30% de las plazas de médicos en prisiones españolas están cubiertas, una cifra que refleja un problema estructural de difícil solución a corto plazo. En el caso concreto de Topas, de las nueve plazas previstas únicamente dos están ocupadas, lo que obliga a los servicios sanitarios a operar bajo una presión constante y con recursos muy limitados.

Desde CCOO denuncian que esta situación "no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo en crisis prolongada". El sindicato insiste en que no se puede garantizar una atención sanitaria adecuada ni unas condiciones seguras de trabajo con estas ratios de personal.

La falta de facultativos ha provocado además una sobrecarga en el personal de enfermería, que asume funciones que exceden sus competencias habituales, sin negociación previa con la Administración. A ello se suma la escasez de especialistas en salud mental, especialmente psiquiatras, un déficit que el sindicato considera especialmente preocupante por su impacto directo en la convivencia dentro de los centros.

CCOO advierte de que la ausencia de diagnóstico y seguimiento adecuado de patologías psiquiátricas está derivando en situaciones de mayor conflictividad, con episodios de violencia que podrían evitarse con una atención especializada suficiente. En muchos casos, explican, la intervención se limita a la medicación sin un control clínico continuado.

El sindicato también recuerda que el Gobierno ha reconocido recientemente una deuda de Instituciones Penitenciarias con la sanidad de Castilla y León de 4,5 millones de euros por la atención prestada a población reclusa. En los últimos ocho años, el Estado ha abonado 11,5 millones de euros al sistema sanitario autonómico, sin que se haya producido el traspaso efectivo de competencias.

Ante este escenario, CCOO reclama al Gobierno central y a la Junta de Castilla y León una respuesta urgente: la transferencia de la sanidad penitenciaria, el refuerzo inmediato de las plantillas y una equiparación de las condiciones laborales del personal sanitario con las del sistema público de salud.

"El sistema está en riesgo de colapso si no se actúa ya", advierte el sindicato, que considera imprescindible garantizar una atención sanitaria digna y reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.