Al menos 45 niños ucranianos trasladados o deportados por la fuerza a territorios ocupados o a Rusia y Bielorrusia han sido identificados en una operación coordinada por Europol junto a autoridades de 18 países y organismos internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI). La investigación ha permitido reconstruir rutas de traslado, identificar a personas implicadas __EMDASH__incluidos responsables de orfanatos__EMDASH__ y señalar a unidades militares presuntamente involucradas, así como localizar instalaciones y campamentos donde habrían sido llevados los menores.

Los expertos también detectaron plataformas digitales con imágenes de menores que podrían haber sido deportados, además de indicios de que algunos niños estarían siendo integrados en estructuras militares rusas en el contexto de la guerra en Ucrania.

La iniciativa, coorganizada con Países Bajos, reunió a unos 40 especialistas en inteligencia de fuentes abiertas, que elaboraron informes clave para ayudar a determinar el paradero de los menores y apoyar las investigaciones de las autoridades ucranianas. El encuentro tuvo lugar en La Haya y supone el tercer ejercicio de este tipo, el segundo centrado específicamente en menores ucranianos. Según el derecho internacional, estos traslados forzosos podrían constituir crímenes de guerra.

Las autoridades de Ucrania estiman que más de 19.500 niños han sido deportados o trasladados desde territorios ocupados hacia Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la invasión. Algunos de estos menores habrían sido adoptados por familias rusas, mientras que otros permanecen en centros de "reeducación" o incluso en instituciones psiquiátricas.

En paralelo, la CPI ha emitido desde 2023 varias órdenes de arresto por crímenes cometidos en Ucrania, entre ellas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada para los Derechos del Niño, María Lvova-Belova. Ambos están acusados de la deportación ilegal de menores ucranianos, considerada un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. En la operación han participado países como España, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, en colaboración con organizaciones especializadas en la documentación de crímenes internacionales.