La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que existen en Castilla y León más de 6.500 vacantes en puestos de trabajo de las administraciones públicas sin cubrir y ha anunciado que emprenderá acciones judiciales para que se cubran las plazas. Así lo ha anunciado el presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, tras una reunión para analizar la situación de los servicios territoriales y de Sanidad y de las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Castro ha señalado que existen actualmente más de 6.500 vacantes en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de la Administración autonómica. Estas cifras, según ha subrayado, serían más si se atiende que en una modificación previa de la RPT se eliminaron alrededor de 2.000 plazas, según informa EFE.

En este sentido, ha expresado que la situación de las plantillas es un asunto que "preocupa y ocupa" al sindicato y que llevan muchos años intentando abrir una negociación seria, sensata, cabal con la Administración autonómica en este sentido.

Castro ha recordado que en el año 2023 presentaron un proyecto al consejero de la Presidencia en donde se recogían las necesidades de plantillas que requieren todos los servicios públicos a lo largo y ancho de la Comunidad y este acuerdo ni siquiera se negoció.

"Todo ello va en detrimento evidente de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y una carga en el día a día en el trabajo diario de los empleados públicos que no han de soportar. Mientras, desde el gobierno autonómico se hacen oídos sordos a las reivindicaciones", ha dicho.

Según el líder autonómico de CSIF, los trabajadores están "cansados y hartos y a esto se le suma a que la Junta de Castilla y León paga y trata mal a sus empleados públicos y no se reemplaza en el momento de licencias, permisos o bajas".

Como ejemplos, el sindicato ha puesto que en algunos ámbitos de Salamanca o Ávila, como la educación no docente o la administración general, las bajas o salidas de personal no se cubren, lo que obliga en el caso abulense a los docentes del área de programas a hacer funciones del área de nóminas para evitar que el servicio se paralice.

Ante estas situaciones, Benjamín Castro ha anunciado que van a iniciar acciones judiciales contra el Ejecutivo castellano y leonés "de forma inmediata", aunque querrían negociar unas bolsas de empleo "ágiles, creíbles y con unas fórmulas de cobertura de plazas adecuadas", según recoge EFE.