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La ministra de Vivienda admite que le "encantaría" aplicar el artículo 155 a la Comunidad de Madrid
Isabel Rodríguez revela que "le llevan los demonios" que las comunidades del PP no empleen las medidas de la Ley de Vivienda, como el control de precios
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado este miércoles que le "encantaría" intervenir con el artículo 155 a la Comunidad de Madrid por no asumir sus competencias en materia de vivienda, pero que no tiene una mayoría en el Senado para ello.
"A mí me encantaría intervenir con un 155 la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en vivienda", ha afirmado en una entrevista en TVE recogida por la Agencia EFE.
También, ha dicho, le gustaría plantear a la Comunidad de Madrid que, si no quiere asumir la competencia de vivienda, lo haga el Gobierno.
Preguntada sobre la postura de las comunidades del PP, reacias a aplicar el control de precios que recoge la Ley de Vivienda, ha respondido que están "sorteando" esa oposición, pero que como demócrata tiene que cumplir la ley.
Ha precisado que, en un estado democrático y constitucional, cada una de las administraciones tiene sus competencias y responsabilidades y ha subrayado que, si en las comunidades gobernadas por el PP, entre ellas Madrid, los precios de los alquileres no bajan, es porque la formación popular no quiere aplicar los mecanismos que contempla la Ley de Vivienda, con la que, ha añadido, se ha conseguido parar las subidas de las rentas.
"Me llevan los demonios que tengamos palancas como la Ley de Vivienda y que no se usen", ha reconocido Rodríguez, que ha apuntado que, aunque no es la "panacea", salva a las familias hasta que haya un parque público de vivienda.
Respecto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, ha explicado que se han dado algunos días más en aras de llegar a un acuerdo, que han recibido algunas apuntes técnicos de las comunidades autónomas que han sido incorporados, que ya está circulando en el seno del Gobierno por los distintos departamentos y que queda un trámite con Función Pública, que es lo que se resolverá en el día de hoy. La ministra quiere que pase por el Consejo de Estado también, para garantizar más su seguridad jurídica, y, por tanto, la idea es tenerlo en el primer trimestre de este año
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