La Junta de Castilla y León ha iniciado la ronda de comparecencias de las distintas consejerías para desgranar el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026. Sobre el papel, las cuentas se presentan como un instrumento ambicioso, con promesas de inversión, refuerzo de los servicios públicos y continuidad en la estabilidad fiscal. Sin embargo, la realidad política dibuja otro escenario: el de unos presupuestos que, muy probablemente, quedarán en el aire.

La falta de apoyos en las Cortes amenaza con dejar al Gobierno autonómico sin margen para aprobar sus cuentas a las puertas de un año electoral. La aritmética parlamentaria no ofrece certezas, y el desgaste de la legislatura complica los acuerdos. Si el proyecto fracasa, Castilla y León se adentrará en 2026 con unos presupuestos prorrogados, sin posibilidad de activar nuevas inversiones ni de cumplir con los compromisos territoriales que la Junta viene anunciando desde hace meses.

Las comparecencias de los consejeros reflejan esa paradoja: un esfuerzo técnico y político por detallar proyectos que, de no aprobarse las cuentas, no pasarán del papel. Desde la modernización de los hospitales de Burgos y Salamanca hasta el impulso a los polígonos industriales en León o la esperada ampliación de infraestructuras educativas en Valladolid, todo depende de un presupuesto que, por ahora, carece de horizonte. En provincias como Soria o Zamora, donde la reivindicación de inversión pública es constante, la incertidumbre se percibe con mayor intensidad. También en Ávila o Palencia, donde proyectos de transporte, vivienda y conectividad digital se enfrentan a la falta de certezas sobre su financiación.

En este contexto, el presidente Alfonso Fernández Mañueco afronta una disyuntiva política evidente. La presentación de los presupuestos puede leerse como un gesto de responsabilidad institucional o como una maniobra calculada para evidenciar el bloqueo de la oposición. La estrategia no es nueva: mostrar voluntad de gestión y trasladar a los demás partidos la carga del inmovilismo es un recurso que, en tiempos preelectorales, busca tanto el rédito político como la legitimidad institucional.

El Ejecutivo regional sostiene que el documento garantiza el mantenimiento del gasto social, el apoyo al medio rural y la estabilidad de los servicios esenciales. Pero sin respaldo político, esas intenciones se transforman en retórica. El mensaje, entonces, ya no se dirige a las Cortes, sino a la opinión pública: el de un Gobierno que intenta avanzar frente a quienes, según su relato, prefieren bloquear.

La consecuencia, no obstante, trasciende la estrategia. Sin presupuestos, Castilla y León se instala en la provisionalidad y sus provincias quedan atrapadas en la espera de proyectos que no llegan. Y con las elecciones autonómicas fijadas para marzo de 2026, todo apunta a que el debate económico se diluirá en el ruido de la precampaña.

Los presupuestos autonómicos deberían ser el reflejo de un consenso mínimo sobre el futuro de la Comunidad, una hoja de ruta compartida más allá de los intereses de partido. Pero, una vez más, la política parece imponerse a la planificación. El desafío no es solo aprobar unas cuentas, sino demostrar que Castilla y León puede construir su futuro sin que cada cita electoral lo vuelva a poner en duda.